El Tribunal Supremo ha desestimado las medidas cautelares exigidas por la Generalitat Valenciana, Región de Murcia y la Diputación de Alicante contra el Real Decreto 30/2023 aprobado el pasado 24 de enero que recogía, entre otros, el Plan Hidrológico del Tajo que por primera vez regula los caudales ecológicos.

Este nuevo marco normativo introducía el aumento del caudal mínimo actual de 6 hectómetros cúbicos por segundo en Aranjuez hasta los 8,65 en 2027, lo que provocó las protestas de las comunidades receptoras del travase. 

En el caso de la Generalitat Valenciana, el Alto Tribunal confirma la denegación de las medidas cautelares que ya desestimó el 4 de mayo de 2023, reiterando que los supuestos daños que se producirían con la implantación de los caudales según la recurrente, son futuros (para 2026) y por tanto no pueden amparar una suspensión cautelar ahora.

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En cuanto a Gobierno de Murcia y la Diputación de Alicante, la sala tercera de lo Contencioso-Administrativo se expresa por primera vez considerando que no está justificada la suspensión de la normativa mientras se decide el fondo del asunto.

En el auto, la sala advierte que "la no implantación del régimen de caudales o la eventual suspensión de su aplicación hasta determinado momento implicaría evitar el logro de unas condiciones hidromorfológicas adecuadas para las masas de agua superficial presentes en el eje del Tajo", por lo que se podría "poner en riesgo alcanzar el buen estado ecológico en las mismas antes de la finalización de 2027, de acuerdo con los plazos reflejados por la Directiva Marco del Agua".

En este sentido, una suspensión cautelar de los caudales ecológicos también repercutiría en la "conservación o recuperación del medio natural, manteniendo la vida piscícola que, de manera natural, habita o pudiera habitar en el río, así como la vegetación de ribera", según su razonamiento.

Satisfacción entre los Ribereños

Desde la asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía se han felicitado por un fallo que "respalda" tanto sus tesis como la de la Red Ciudadana del Tajo.

En una nota de prensa, celebraban que la decisión del Tribunal Supremo suponga "un paso adelante en el objetivo de conseguir caudales ecológicos con todas sus componentes en todas las masas de agua de la cuenca del Tajo".