Las temperaturas podrían aumentar 1,8 °C en Castilla-La Mancha hasta en el año 2050 y las lluvias podrían disminuir un 11 por ciento hasta 2100 si se mantienen las actuales políticas globales de descarbonización.
Sin embargo, en un escenario de acción "inmediata y ordenada" que lograse alcanzar los objetivos de París, la subida de los termómetros en la región sería de 1,2 ºC en 2050 y las precipitaciones se intensificarían un 1,8 por ciento en 2100.
Así lo asegura un estudio pionero de OIKOS, una entidad autónoma e independiente que, desde una perspectiva liberal-conservadora, busca construir un debate razonable y sensato en torno a la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
[¿Cuándo comenzó el cambio climático y cómo nos afecta?]
Este informe, tal y como ha informado la organización en nota de prensa, parte de los análisis realizados por prestigiosas entidades. Entre ellas, la Network for Greening the Financial System (NGFS), el grupo de trabajo de los principales bancos centrales y científicos climáticos, que establece escenarios que oscilan entre las políticas actuales de descarbonización, una transición fragmentada y una acción inmediata que lograse alcanzar los objetivos de París.
Cambio climático a nivel nacional
En España, según el estudio, los impactos climáticos se acelerarían a partir de 2030. Si se mantienen las actuales políticas globales de descarbonización, la temperatura media aumentaría 3 ºC en la mayoría de las comunidades hasta llegar a 2100 e iría acompañada de una reducción de las precipitaciones de hasta el 19 % en regiones como Andalucía.
El cofundador de la entidad, Toni Timoner, asegura que "la lucha contra el cambio climático solo puede ser efectiva si es global a medio y largo plazo, con políticas públicas aún no desplegadas, pero no con medidas unilaterales sin coordinación internacional". En este sentido, el informe concluye que España ya ha conseguido desacoplar crecimiento económico y aumento de emisiones, aunque todavía queda camino por recorrer.
Asimismo, refleja que la lucha colectiva "recompensa económicamente", aunque no de forma inmediata, si bien desaconseja que la transición energética se produzca de forma desordenada y abrupta, pues podría conducir a España a una recesión, una subida de los precios y un aumento del desempleo.