La Fiscalía de Castilla-La Mancha está especialmente preocupada por la respuesta lenta de la justicia y la dilación de procedimientos, así como de la suspensión de señalamientos en la comunidad autónoma, que fue del 52 por ciento en 2022, más de la mitad de los 18.000 juicios que se señalaron el pasado año.

Son algunos de los aspectos que más preocupan al ministerio público, según ha explicado este martes el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, durante la presentación de la Memoria de la Fiscalía de 2022 en las Cortes regionales, junto con las cifras de delitos contra la libertad sexual cuyas víctimas son menores de 16 años, la alta tasa de siniestralidad laboral, el acoso escolar y el ciberacoso y el aumento del ciberdelito y del cibercrimen.

Fernández ha admitido que hay una gran preocupación en la Fiscalía por la lentitud en la tramitación de los procedimientos judiciales, que no es exclusiva de Castilla-La Mancha y hace que lo que antes era casi anecdótico está prácticamente generalizado en todos los órdenes jurisdiccionales, no solo en el penal.

Las cifras reflejan una dilación en los procedimientos, en ocasiones de muchos años, en la tramitación y en el señalamiento de los juicios, ha comentado el fiscal superior, que ha abogado por tratar de resolver esta situación, porque entiende que "una justicia lenta no es justicia y una resolución judicial fuera de tiempo no es justa "sea cual sea el sentido".

En cuanto a las suspensión de señalamientos, Fernández ha informado que el índice de suspensión aumentó desde el 48 por ciento que figuraba en la Memoria de 2021 al 52 por ciento en la del año pasado, lo que supuso que fueron suspendidos más de la mitad de los 18.000 juicios señalados en la región por diversas causas.

Para Fernández, es una situación "inasumible" que afecta a todas las provincias y a todos los órganos jurisdiccionales de la jurisdicción penal, porque "no puede suspenderse un juicio de cada dos que se señalan" que impiden que el sistema funcione como debería.

Abusos sexuales a menores

En cuanto a las cifras de la Memoria de 2022, ha apuntado que la Fiscalía está especialmente preocupada por la cifra de delitos contra libertad sexual, particularmente de los que afecta a menores de 16 años, que son principalmente niñas.

En este sentido, ha dicho que "llama poderosamente la atención" que el 75 por ciento de los 124 procedimientos por delitos graves que se abrieron en Castilla-La Mancha en 2022 fueron por abusos sexuales contra menores.

Otro aspecto preocupantes es el de la alta siniestralidad laboral, que el año pasado sitúo a Castilla-La Mancha como la cuarta comunidad con mayor número de accidentes en el trabajo, que provocaron más de 30 muertes.

Y también se observó que el pasado año siguió aumentando el cibercrimen, al igual que ocurrió en todo el territorio nacional, en particular en delitos de usurpación de identidad y de ámbito patrimonial, así como en ataque a los bienes jurídicos personales, fundamentalmente de niños y niñas que son objeto de acoso, de extorsión o de amenazas, o obligados a elaborar material pornográfico, etcétera, ha apuntado el fiscal superior de Castilla-La Mancha.

Cibercrimen y acoso escolar

Y también se observó que el pasado año siguió aumentando el cibercrimen, al igual que ocurrió en todo el territorio nacional, de forma que según datos del Ministerio del Interior, de forma que supone casi el 20 por ciento de los delitos que se cometen en España, es decir uno de cada cinco, lo que para Fernández "es una cifra muy elevada".

Es un problema que es preciso afrontar, aunque no es fácil porque el cibercrimen tiene la particularidad extraterritorialidad, por lo que es necesaria la cooperación internacional, ha puntado el fiscal superior, que ha advertido sobre la "lista negra", es decir de intentos de delitos que no son denunciados, ya que buena parte de los ciberdelitos son estafas y delitos contra el patrimonio, con un aumento de los delitos de usurpación de identidad.

Pero para la Fiscalía son particularmente preocupantes los que constituyen un ataque a los bienes jurídicos personales, fundamentalmente de niños y niñas que son objeto de acoso, de extorsión o de amenazas, o obligados a elaborar material pornográfico, etcétera.

Asimismo, Fernández ha expresado la preocupación que existe entre los fiscales por el acoso escolar, ya que ha asegurado que las cifras aparentes de muchas instituciones de enseñanza no coinciden con la realidad, y consideran que "hay una realidad oculta muy grande de acoso, en general".

Según el fiscal superior, las entidades administrativas de educación no ponen en marcha los protocolos de acoso mientras no haya denuncia por los afectados, lo que en opinión de los fiscales "es un error", ya que entienden que "si se detecta una situación de acoso no puede perjudicar a la víctima o hacer de ella "una revictimización", puesto que muchas veces el acosado es el que sale del centro educativo y "el desterrado".

En este contexto, la Fiscalía es partidaria de seguir la recomendación de la Agencia de Protección de Datos de impedir el uso de teléfonos móviles en centros educativos, particularmente entre los escolares de menor edad, preadolescentes de entre 10 y 13 años, porque pueden ser una vía para el acoso tanto dentro de los centros como fuera de ellos, ha indicado Fernández.