El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado que casi 82.000 castellanomanchegos pudieron acogerse al cierre de 2022 a alguna de las tres desgravaciones que contempla la Ley contra la Despoblación aprobada por unanimidad en las Cortes regionales en mayo de 2021. El valor total de las mismas fue de 32 millones de euros, lo que supone un 50 % más en comparación con el ejercicio precedente, lo que a su juicio acredita el buen funcionamiento de la norma.

En entrevista con Europa Press, Martínez Guijarro ha defendido que este marco sigue siendo "pionero" a nivel continental, y no hay constancia de que ningún parlamento europeo haya afrontado por el momento una legislación similar, si bien "en multitud de ocasiones" se ha requerido desde otros territoriosla sapiencia de Castilla-La Mancha en la materia.

Con todo, asegura que la ley "empieza a dar resultados", y un indicador clave para ver cómo evoluciona "es el saldo migratorio". "España tiene dos problemas en el reto. Uno, el saldo biológico, y es que mueren más personas que nacen. Eso, en las zonas afectadas por despoblación, es mucho más acentuado por razones obvias. Pero el saldo empieza a ser positivo y va más gente a vivir a estas zonas que la gente que sale", ha afirmado.

[Éxito de la Ley contra la Despoblación de Castilla-La Mancha: un incremento de 8.612 personas]

Los últimos datos apuntan a que son ya casi 9.000 personas más las censadas en zonas despobladas de toda la región, con lo que "el primer objetivo, que era frenar el proceso de despoblación, empieza a conseguirse".

Hay, según el 'número dos' del Gobierno castellano-manchego, datos "muy positivos" paralelos a esta ley en materia de recuperación de servicios públicos, poniendo el ejemplo de que casi 80 localidades mantienen colegios abiertos con entre cuatro y once alumnos.

Mantener la sanidad

En materia sanitaria, esta ley ampara el esfuerzo de "mantener toda la red de centros de salud y consultorios locales", a lo que ha sumado la inminente convocatoria para equipar botiquines en zonas despobladas a cargo de las farmacias comarcales.

El transporte a la demanda, una de las grandes apuestas bajo el marco de esta norma, ofrece ya datos como los 3.000 usuarios en la Sierra Norte de Guadalajara o las 16.000 personas que ya lo han utilizado en el Campo de Montiel. "Está suponiendo una revolución", afirma el número dos de Emiliano García-Page en el Gobierno regional.

José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, en una imagen de archivo.

En los nuevos presupuestos regionales de 2023, tal y como ha detallado, se incorpora un informe de impacto demográfico que revela que las políticas destinadas a combatir la despoblación rozarán los 2.000 millones de euros, lo que supone un 12 % más que en las cuentas vigentes de este año.

Como cifra, ha exaltado que se dedica a estas zonas el 3,82 % del PIB regional, casi cuatro veces más que lo recomendado por las plataformas de la España Vaciada, que reivindican el 1 %.

Tras los primeros años de funcionamiento de la ley, será en 2025 cuando se haga el primer análisis de cómo ha funcionado y se decidirá si hay que plantear alguna modificación.