El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha (CERMI CLM) se ha marcado como objetivo para esta legislatura acordar con el Gobierno regional y poner en marcha un nuevo modelo de financiación que, pasando de la actual concurrencia competitiva a conciertos plurianuales, aporte más recursos y más certidumbre a las entidades del Tercer Sector que prestan sus servicios al colectivo en la comunidad autónoma. 

A consecuencia de la actual infrafinanciación pública y de la inflación, la sostenibilidad y la estabilidad de dichas entidades se encuentra "seriamente comprometida", ha alertado la presidenta del CERMI CLM, Cristina Gómez Palomo, durante un desayuno informativo celebrado en Toledo para hacer balance de 2023 y exponer las previsiones del nuevo año que acaba de comenzar. Una situación de la que, según ha dicho, el Ejecutivo autonómico es "consciente" y está "en vías de" solucionar, pese a que ha advertido de que es un "proceso lento" debido a lo heterogéneo de la multitud de servicios prestados y sus diferentes costes.

"Somos prestadores de servicios para personas y situaciones muy vulnerables. Merecen una calidad que hoy por hoy las subvenciones no nos permiten cubrir. Queremos que nos escuchen y nos financien como se merecen las personas con discapacidad y las entidades. Necesitamos una estabilidad ligada a concertación social, ha solicitado Cristina Gómez, que ha comparecido junto a distintos miembros de la Junta Directiva y representantes de varias entidades que forman parte del CERMI CLM.

"Todos los días estamos con las carreras solidarias, con las rifas y con las papeletas. Agotamos a nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo, pero es con esa hucha con la que estamos sosteniendo la red de los servicios públicos de Castilla-La Mancha. Si no se alcanza pronto la concertación o programas plurianuales, todos los años nos vamos a ver con el agua al cuello", ha alertado.

Un Estatuto inclusivo

Además, la presidenta del CERMI CLM ha reclamado tanto al PSOE como al PP de Castilla-La Mancha, inmersos desde hace meses en la negociación para reformar el Estatuto de Autonomía, que el nuevo texto sea "plenamente inclusivo y accesible", abanderando "la inclusión y los derechos sociales de las personas con discapacidad en España".

"Hay que adaptar no solamente el lenguaje del Estatuto, sino el fondo de las cuestiones básicas. Queremos que se blinden verdaderamente los derechos sociales como el acceso a la vivienda, el empleo, la dependencia o la educación educación para las personas con discapacidad", ha apuntado José Antonio Romero, gerente del CERMI CLM y presidente de la Mesa del Tercer Sector en Castilla-La Mancha.

Empleo Público

Por otra parte, Gómez ha reclamado también la modificación de la Ley de Empleo Público en Castilla-La Mancha para que las 161.000 personas que hoy por hoy tienen reconocido algún grado de discapacidad en la región tengan reservado un 10 % de las plazas en las distintas oposiciones que se convoquen, mientras que el porcentaje actual se queda en el 7 %. Así ha ocurrido ya en otras comunidades autónomas, ha recordado.

Asimismo, asegurando que el empleo será "otra de las prioridades" en la hoja de ruta del CERMI CLM durante 2024, la presidenta ha señalado que solicitarán nuevos incentivos laborales para las personas con discapacidad, que se les tenga más en cuenta en los planes de empleo, que se fomenten los programas de emprendimiento inclusivo, etc.

Espera "intolerable"

Otra de las denuncias realizadas por el colectivo es la espera "intolerable" de hasta 20 meses en provincias como Toledo o Albacete que "miles" de personas en Castilla-La Mancha están sufriendo para que sea reconocido por la Administración su grado de discapacidad. "Tenemos una media muy mala en Castilla-La Mancha, de 15 meses de espera, que es importantísimo rebajar porque este reconocimiento es la puerta de entrada para que puedan disfrutar de sus derechos, prestaciones y apoyos educativos, sociales o laborales", ha explicado Cristina Gómez. 

Así, la máxima responsable de CERMI CLM ha exigido a la Consejería de Hacienda que "dote de recursos humano a los centros base" donde se realiza este trámite y ha propuesto que se firmen convenios, tal y como se hace en otras regiones, para que sean los equipos de valoración de las propias entidades del Tercer Sector los que "echen una mano" para "agilizar estos tiempos medios de espera".

Igualmente, ha hecho referencia a la necesidad de actualizar de manera urgente el catálogo de prestaciones de la dependencia para que se adapten a los criterios estatales, una ley de simplificación administrativa para que los trámites sean "mucho más accesibles a toda la ciudadanía", actualizar la ley de Accesibilidad Universal de 1994 para que sea "de última generación" e incorpore el concepto de accesibilidad 360, avanzar en un "auténtico espacio sociosanitario" con colaboración entre Sanidad y Bienestar Social, luchar contra la soledad no deseada de "muchos mayores y jóvenes con discapacidad", la supresión de técnicas de contención mecánica en el ámbito sanitario y sociosanitario al ser consideradas "tortura" por la ONU o perseguir la venta de "cupones ilegales" con los que se lucran organizaciones que "engañan a personas con una vulnerabilidad tremenda" utilizándolos como vendedores "sin alta en la Seguridad Social ni sueldo".