Castilla-La Mancha creará una figura para agilizar trámites urbanísticos en pequeños municipios
Las Entidades Colaboradoras se integrarán en la Ley de Acompañamiento para anticipar medidas que se incluirán en la futura Ley de Simplificación Administrativa.
14 febrero, 2024 17:00El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado que el Ejecutivo regional va a crear la figura de las Entidades Colaboradoras, que servirán como herramienta a los pequeños municipios para agilizar trámites urbanísticos.
Con esta nueva figura, que se integra en la Ley de Acompañamiento, el Ejecutivo regional anticipa algunas de las medias que incluirá la Ley de Simplificación Administrativa, en cuyo articulado ya está trabajando, según ha informado la Junta mediante nota de prensa.
En su visita a Las Majadas (Cuenca), Martínez Guijarro ha señalado que los beneficiarios serán ayuntamientos que cuentan con muy poco personal, en ocasiones solo un secretario que comparten con otro consistorio, por lo que con la creación de las Entidades Colaboradoras serán más ágiles en la gestión urbanística.
Ahondando en los detalles de esta nueva figura, el vicepresidente primero ha detallado que pueden ser Entidades Colaboradoras todas aquellas acreditadas por la Administración regional que puedan emitir informes con validez jurídica para facilitar que los ayuntamientos concedan licencias de obras, de actividad o cualquier otro requisito.
Estas entidades, además de tener que cumplir estos requisitos, también están expuestas a incompatibilidades. Así, tal y como ha dicho Martínez Guijarro, "no se puede ser redactor de proyectos y entidad colaboradora".
Ley de Simplificación Administrativa
La futura Ley de Simplificación Administrativa, en cuyo proyecto de Ley está trabajando actualmente el Ejecutivo de Castilla-La Mancha, incluirá el silencio administrativo positivo como regla general del funcionamiento de la Administración regional.
Esta nueva norma contempla otras novedades como la sustitución de las autorizaciones y licencias que dependen de la región por la declaración responsable, con el objetivo de limitar las demoras en la autorización de la Comunidad Autónoma para poner en marcha una actividad económica.