El Gobierno de Emiliano García-Page tiene entre sus grandes prioridades en Castilla-La Mancha la recuperación del río Tajo y la aplicación dentro de los plazos legalmente establecidos de las nuevas reglas del trasvase al Segura, y por eso está insistiendo a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para recordarle que ya se ha pasado el plazo de un año para la nueva regulación y ésta sigue sin ponerse en marcha. Y el Levante, mientras tanto, "tira el agua a la basura", según el Ejecutivo castellano-manchego.
Si ayer fue el propio Page el que recordó al Gobierno de Pedro Sánchez que ese plazo ya ha expirado y la ley exige aplicar las nuevas reglas, este martes ha sido la consejera de Desarrollo sostenible de la Junta, Mercedes Gómez, la que ha insistido en rueda de prensa para recordar que la Diposición Final del Real Decreto aprobado marcaba claramente ese plazo de un año para dar luz verde a la nueva regulación, en sintonía, además, con las resoluciones del Tribunal Supremo y la Unión Europea.
La consejera ha informado, en este sentido, de que ha remitido una carta a la ministra Ribera para recordarle este compromiso que sigue sin cumplirse y exigir su puesta en marcha. Mercedes Gómez ha recordado que el Ministerio encargó al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas la realización de los informes técnicos, "pero ha pasado un año" y Castilla-La Mancha no tiene esa información. La carta del Gobierno de Castilla-La Mancha se anuncia al día siguiente de la reunión del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, con la ministra en la que se abrió una vía de diálogo sobre el trasvase.
"No hay transparencia"
"Reclamamos al Ministerio que cuanto antes ponga a disposición esos informes para valorar con todos los actores en qué se tienen que modificar las reglas de explotación", ha añadido la consejera, recordando que Castilla-La Mancha ya consiguió dos hitos, empezando por la implantación de los caudales ecológicos en varios tramos del río y que "ya están permitiendo la recuperación de unos niveles aceptables, aunque no suficientes" de agua.
En este sentido, la consejera de Desarrollo Sostenible ha criticado que desde mayo de 2023 la Confederación Hidrográfica del Tajo "no publica los datos correspondientes a los caudales ecológicos", si bien hasta ese momento eran ocho metros cúbicos por segundo por Aranjuez. "No sabemos qué caudales ecológicos, no hay transparencia", ha dicho Mercedes Gómez.
En todo caso, la consejera ha destacado que el trasvase ha pasado de 37 hectómetros cúbicos al mes a "tan sólo" 28 y ha recordado que en el año 2013 Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y María Dolores de Cospedal en la Junta "blindaron el trasvase".
No hay agua
"La línea es cada vez más escasa. No hay agua en los embalses de cabecera, ni para los regadíos de Murcia, de Comunidad Valenciana o de Almería", ha dicho la consejera, quien ha cargado contra el presidente valenciano, Carlos Mazón, ante sus "lecciones de cómo usar el agua", en referencia a la polémica que se generó la pasada semana y en la que también salió a relucir el excesivo caudal de agua que, a juicio del dirigente autonómico valenciano, "envía" España a Portugal a través del Tajo, olvidándose de que se trata de un río internacional.
La consejera castellano-manchega ha indicado que el Levante tiene 1.300 hectómetros cúbicos para regadíos, pero se dan casos como que "la producción de limones está por el suelo", información a la que ha dado soporte desde el estrado con informaciones de prensa. Según sus cálculos, la Comunidad Valenciana "está tirando de media unos 20 hectómetros cúbicos de agua a la basura por no ser capaces de comercializar sus producciones".
Lo mismo ocurre en Murcia y Almería, donde, según ha dicho, se desperdician del mismo modo 17 y 11 hectómetros cúbicos al año respectivamente. Abundando en la crítica, Mercedes Gómez ha dicho que Castilla-La Mancha necesita ese agua "para beber", y aún más, "para proteger sus espacios naturales".
Page recuerda la ley
También ha querido la consejera castellano-manchega hacer referencia a la situación del trasvase de agua desde el río Júcar hacia el Vinalopó, que provoca restriccionesde 49 hectómetros cúbicos al año para regantes de La Mancha oriental de Cuenca y Albacete "sin tener ninguna consideración técnica". "Es un atropello", ha dicho, citando en este punto que el Gobierno valenciano "sólo quiere el agua para su regadío" mientras que ofrece "agua para beber a Barcelona".
Estas palabras de la consejera se producen al día siguiente de que Page afirmara que “ya ha pasado el plazo de un año que dice la ley que es necesario para contar con una nueva regulación en la explotación del Tajo-Segura”, por lo que “ya es norma” en concordancia con “las resoluciones de los tribunales, tanto del Supremo como de la Unión Europea”. Por ello, ha señalado que “el diálogo no puede servir para retrasar un compromiso legal que es rectificar, cuanto antes, las reglas de explotación del trasvase”.
En este punto, Page insistió este lunes en que el Plan Hidrológico del Tajo fue aprobado “como consecuencia de un diálogo social en el que todos hemos opinado” y ha remarcado que “la ley obliga a modificar las reglas de explotación, a fijar un caudal mínimo y a establecer un código de entendimiento en lo que queremos pensar sea la solidaridad”, ha apostillado. Ante esta situación, ha concluido que “la ley tiene que valer para la amnistía, para los independentistas y tiene que valer para el trasvase”.