Castilla-La Mancha se ha plantado ante lo que Emiliano García-Page ha venido definiendo coloquialmente como un "yo invito y tú pagas" por parte de los "diferentes gobiernos de España", en referencia a las normativas o acuerdos que ha adoptado a lo largo de los últimos años la Administración General del Estado sin garantizar a las comunidades autónomas la financiación adecuada para su aplicación.

Con una carta remitida este jueves a Pedro Sánchez, el jefe del Ejecutivo castellano-manchego advierte al presidente del Gobierno de España de que esta situación supone un "menoscabo de los recursos financieros" de las comunidades autónomas, a las que pone en "enormes dificultades" a la hora prestar con calidad la atención sanitaria, los servicios sociales o construir y mantener sus propias infraestructuras.

Es por ello por lo que Page solicita expresamente a su jefe de filas en el PSOE, con el que mantiene importantes discrepancias públicas y no se ve personalmente desde hace meses, que "en la próxima Conferencia de Presidentes se incorpore un punto donde se aborde un compromiso de Estado que implique la garantía de financiación de los sobrecostes que se derivan de la aplicación de normativa o acuerdos de la Administración del Estado".

Un modelo caducado

Dicho compromiso, según Page, "debe ser trasladado a la normativa básica del sistema de financiación de las comunidades autónomas". Hay que recordar que el actual modelo está caducado desde el 2014 y que, pese a la voluntad expresada por el Gobierno de España para renovarlo, por el momento no se han dado pasos formales para iniciar las negociaciones. La situación actual es que Cataluña exige un trato singular y comunidades autónomas como la propia Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana urgen a conversar de manera conjunta mientras piden una compensación al ser regiones objetivamente infrafinanciadas.

Como ejemplos para justificar su preocupación y argumentar su solicitud, el presidente de Castilla-La Mancha cita en su comunicación postal con Pedro Sánchez "la realización de modificaciones normativas por parte del Estado sobre tributos cedidos, total o parcialmente, que suponen una minoración de su rendimiento, como las aplicadas al impuesto especial sobre la electricidad y al IVA".

Además, desde el punto de vista de los gastos, Page advierte sobre los "sobrecostes" de 32 millones de euros que las comunidades autónomas tendrán que asumir hasta 2030 "derivados en el ámbito de la atención a personas con discapacidad tras la aplicación del acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia".

O los que afrontarán "en el ámbito de la atención a las personas mayores, teniendo en cuenta además la demografía de Castilla-La Mancha, con importantes sobrecostes derivados del cambio de modelo que además, en muchos casos, no se adapta a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas", añade.

Page, como cierre de su carta, recuerda a Sánchez que no tiene "ningún inconveniente en profundizar en este tema", bien sea con el propio presidente del Gobierno "o con la persona que consideres oportuna".

Una cifra "escandalosa"

Después de que este jueves a primera hora de la mañana Page haya firmado esta misiva dirigida a Pedro Sánchez, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha comparecido en una rueda de prensa en la que ha cifrado en 280 millones de euros de media la "merma anual" que las medidas no financiadas por el Estado suponen en las cuentas de la Junta de Comunidades.

Una cantidad que Ruiz Molina ha calificado de "escandalosa" y "extravagante", además de mostrarse "preocupado" por los efectos que tiene para Castilla-La Mancha, asegurando que hace "peligrar" las políticas propias que en materia de sanidad, educación o bienestar social lleva a cabo el Gobierno presidido por Page.

El responsable de Hacienda castellano-manchego ha avanzado que el Ejecutivo regional remitirá tanto al Gobierno de España como al resto de comunidades autónomas el borrador técnico con el que Castilla-La Mancha reclama que las medidas puestas en marcha por el Estado estén financiadas "al 100 %", con el objetivo de "que lo analicen y hagan las observaciones oportunas para que, en el momento que se convoque la Conferencia de Presidentes, convocatoria que corresponde al Gobierno central, se aborde esta cuestión".

"Se suma el hambre con las ganas de comer. Si estamos mal financiados y sumamos medidas que impone el Gobierno central sin recibir para ello la financiación necesaria, el problema se agrava considerablemente", ha insistido Ruiz Molina.