Un pueblo de Castilla-La Mancha tiene más vehículos matriculados que personas censadas

Más de una veintena de localidades españolas cuentan con más coches matriculados a nombre de empresas que personas censadas. Poblaciones conocidas como "paraísos fiscales" del automóvil, al ser el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) notablemente más barato que en otros lugares, según se desprende del "Estudio sobre fiscalidad municipal del automóvil" elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Una situación que llega hasta tal punto que en estos pueblos se dan índices de motorización muy superiores a los de Estados Unidos o Japón.

El municipio madrileño de Las Rozas de Puerto Real, con 578 habitantes, es el ejemplo más claro. El pasado año se matricularon allí 37,13 vehículos por habitante. Pero hay otros que no se quedan muy atrás: en Patones, también en Madrid, hay 20,8 coches por persona. Aguilar de Segarra, en Barcelona, tiene 17,31 vehículos por habitante; Venturada (Madrid), 14,26; Sarratella (Castellón), 13,45 o Escorca (Baleares), 10,85.

Y también en Castilla-La Mancha existen estos "paraísos fiscales" del automóvil. En Borox (Toledo), con una población de 4.114 habitantes, se matricularon el pasado año un total de 6.042 turismos, lo que deja una tasa de 1,47 vehículos por persona censada. Una proporción que fue igualmente elevada en años anteriores, cuando se matricularon 7.467 y 4.813 turismos en 2021 y 2022, respectivamente.

AEA explica que el origen de este fenómeno de "los paraísos fiscales" se originó a raíz de la eliminación del indicativo provincial de las matrículas españolas, en septiembre del 2000, lo que permitió a los propietarios de grandes flotas de vehículos destinados al alquiler de coches y al renting concentrar la matriculación de sus vehículos en municipios con una baja fiscalidad.

Sin embargo, la ley permite a los ayuntamientos incrementar discrecionalmente dichas cuotas, pudiendo llegar a cobrar hasta el doble de la tarifa mínima, situación que ocurre en ocho de las 52 capitales de provincia españolas donde existen diferencias de más de un 150 %, según recoge el informe de AEA.

Un impuesto al que están obligados cerca de 38 millones de contribuyentes y que genera unos ingresos anuales a las haciendas locales en torno a los 3.900 millones de euros.