"No es una amenaza, sino una contundente realidad": el cambio climático está teniendo un "serio" impacto sobre el río Tajo y es necesario promover la "desconexión progresiva" de la cuenca del Segura respecto al trasvase. Con esta firmeza se ha pronunciado en un informe la Fundación Nueva Cultura del Agua, que considera "necesario" acordar una hoja de ruta para llevar a cabo ese progresivo cierre del grifo del trasvase que, de forma tan evidente, está dañado a la cuenca del Tajo.
La idea central del informe, denominado "Observatorio de Políticas del Agua" y consultado por la agencia Efe, establece la necesidad de recuperar el buen estado de todos los ríos y atender al nuevo escenario medioambiental que se deriva del cambio climático, con una "muy seria" afectación a las aportaciones naturales en la cabecera del Tajo, reducidas en un 50 por ciento respecto a la media de la serie histórica.
Según este informe, que apoya la tesis del fin del trasvase que viene promoviendo el Gobierno de Castilla-La Mancha frente a las comunidades del Levante, la reducción de las reservas en la cabecera del Tajo "seguirá agravándose en el futuro", tal como aportan varios estudios recogidos por la Fundación. Es decir, el problema, según este documento, de la necesaria reducción de trasvases del Tajo al Segura no vendrá por la aplicación de los caudales ecológicos que se han establecido en 2023, sino por el cambio climático y su impacto sobre el río.
Caída preocupante
Así, el informe calcula que teniendo en cuenta las actuales reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, sin considerar la fijación de caudales ecológicos en el Tajo, para el periodo 2020-2090 y en el escenario de cambio climático más favorable, los volúmenes anuales transferibles desde el Tajo a la cuenca del Segura caerán a una media de 106 hectómetros cúbicos anuales. Pero advierte de que "tan preocupante como esta importante disminución del valor medio, es la existencia de períodos consecutivos de tres y cuatro años en los que no se produciría ninguna transferencia". Un claro aviso para las regiones levantinas.
El documento señala que en el escenario climático más desfavorable, y que considera el más probable de acuerdo con la senda de emisiones actual, el volumen medio transferible se reduciría a 77 hm3 anuales, y que además se agravaría la duración y frecuencia de los periodos sin transferencia, "llegando a un cese total de las transferencias a partir del año 2067", cuando, asumiendo que los usos en la cuenca del Tajo fueran equivalentes a los actuales, habría también déficits para tales usos.
Por ello, y teniendo en cuenta este horizonte, el informe de la fundación Nueva Cultura del Agua plantea una serie de medidas a corto plazo, como la eliminación de los usos ilegales de agua, incluyendo perímetros irregulares de regadío e incrementar la aportación de recursos de la desalación marina para compensar la reducción de transferencias desde el Tajo, con ayudas económicas públicas dirigidas a mitigar el coste del agua desalada para los agricultores cuya rentabilidad pueda estar afectada de forma significativa por un incremento del coste del agua.
Medidas a medio y largo plazo
A medio y largo plazo, propone promover un cambio progresivo en los modelos productivos para facilitar una economía más diversificada en el territorio a diferentes escalas para alcanzar un mayor equilibrio entre las actividades primarias y otras actividades económicas que, con menor consumo de agua, presentan un mayor valor añadido, así como reequilibrar el peso de la agricultura de secano en relación con el peso del regadío.
Para ello, plantea apoyar cultivos y sistemas productivos que permitan mantener una actividad agraria ambientalmente sostenible, económicamente viable y socialmente justa sobre la base de un secano de alto valor añadido y de un regadío con cierta reducción en su superficie total pero de mayor valor, de forma que se promuevan los alimentos de calidad, la producción agroecológica y la reducción de la contaminación y otros impactos ambientales, al tiempo que se potencien los circuitos de proximidad y con apoyo especial a los pequeños agricultores.
"Mantener la ficción del 'agua para todos' o del 'agua para siempre' es, simplemente, un fraude. El retraso en reconocer el nuevo contexto solo contribuye a agravar el choque con la realidad y a retrasar la construcción de una alternativa viable y duradera", advierte el documento, que indice en que "la necesidad de reducir la superficie de regadío es ya una necesidad constatable, en mayor o menor medida" en el conjunto de España.
Un conflicto
El informe, de casi un centenar de páginas y que dedica un apartado exclusivo al trasvase Tajo-Segura en relación con los caudales ecológicos en el Tajo y con la cuenca receptora, recuerda que en 2023 se vivió un "nuevo capítulo del conflicto" del trasvase Tajo-Segura y cuyo detonante fue el establecimiento de un régimen de caudales ecológicos en el Tajo y el posible efecto de tales caudales sobre la transferencias del Tajo al Segura.
En este sentido, el informe señala que los caudales ecológicos son "una obligación recogida desde 2001 en la legislación española de aguas", pero que en el caso del Tajo "la definición e implementación de un régimen de caudales ecológicos se ha visto condicionada en todo momento por la existencia del trasvase Tajo-Segura".
Tras recordar las cinco sentencias del Tribunal Supremo de 2019 que señalan que se deben establecer dichos caudales ecológicos en el Tajo, reconoce que el Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027 "hace un tímido avance" en este cumplimiento y fija dichos caudales ecológicos a partir de estudios científico-técnicos, aunque considera una "anomalía" que sea una implantación escalonada hasta 2027 en el tramo medio del río.
Trasvases automáticos
En este contexto, este jueves el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, aseguró en Murcia que de haberse establecido un aporte de trasvases de caudales automáticos del Tajo al Segura en todos los niveles de explotación, sin intervención del ministerio, “nos hubiese ahorrado a todos muchos quebraderos de cabeza”, informa Efe.
Morán, que ha participado en la primera reunión de la Comisión Interadministrativa del Mar Menor, se ha referido así a las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, vigentes desde 2013 y en las que se establecieron trasvases automáticos en los niveles 1 y 2 de explotación (los más favorables), pero no así en el nivel 3, cuando el caudal aportado al Levante lo establece el Ministerio para la Transición Ecológica (el nivel 4 es el “trasvase cero”).
La nueva planificación hidrológica aprobada en febrero de 2024 contempla la modificación de esas reglas de explotación del trasvase para adecuarla a los nuevos planes del Tajo, y las comunidades autónomas de Murcia, Valencia y Andalucía han señalado que propondrán que esas nuevas reglas de explotación establezcan los aportes de agua para cada nivel de manera automática, una idea que Morán ha valorado: “No me parece mal”, ha dicho.
En cualquier caso, ha apuntado que el proceso para modificar las reglas de explotación del trasvase acaba de arrancar, “se tendrán en cuenta todas las aportaciones para evaluarlas” y hacer una normativa “con el nivel de consenso más amplio posible” y es muy prematuro aventurar cuál será el resultado de la modificación.