La Región de Murcia, Valencia y Andalucía, comunidades autónomas del Levante que se benefician del agua que les llega tanto para consumo humano como para regadío desde la cabecera del río Tajo, han sumado un nuevo y mediático aliado en su defensa del trasvase: la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso.
El Gobierno de Ayuso, que a finales de 2023 ya demandó al Estado ante el Tribunal Supremo por la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo, alegando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ponía en riesgo el abastecimiento de los madrileños, pretende ahora seguir siendo un actor protagonista en la batalla del agua pese a no ser una de las comunidades beneficiarias del trasvase.
Las cuatro regiones, gobernadas todas ellas por el Partido Popular, han presentado este martes alegaciones conjuntas ante la próxima modificación de las reglas de explotación, sin esperar a apurar un plazo que finalizará el próximo 2 de mayo. Defienden que los caudales ecológicos del río incorporados al nuevo Plan Hidrológico del Tajo no pueden suponer un recorte en los envíos desde la cabecera hacia el Segura, puesto que se fijaron a su entender bajo criterios políticos y no científicos.
En el documento que han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico argumentan también que en ninguna de las cinco sentencias del Tribunal Supremo, incluidas en la información publicada por el Ministerio para la modificación de las reglas de explotación del trasvase, se determina el caudal mínimo concreto que se debe fijar. Por ello, argumentan que los caudales ecológicos, en contra de lo que defiende Castilla-la Mancha, deberían quedar fuera de los argumentos para esta actualización.
En su alegato protrasvasista, Murcia, Valencia, Andalucía y Madrid también solicitan que cuando los embalses de la cabecera del Tajo se encuentren en nivel 3, la toma de decisiones sobre los trasvases a autorizar se base en criterios objetivos, incorporando la 'regla del tercio', un procedimiento en el que se tienen en cuenta los recursos disponibles en ese momento y la previsión de los dos siguientes meses.
Núñez se desmarca
Tras esta alianza de presidentes autonómicos del PP para blindar el trasvase, el líder de los 'populares' castellano-manchegos, Paco Núñez, ha asegurado este martes durante una rueda de prensa que "lo que hagan otros les afecta a sus territorios, a los que defenderán", recordando que él está para defender Castilla-La Mancha.
Así, después de solicitar la pasada semana que los envíos desde la cabecera del Tajo hacia el Segura se produzcan únicamente "en casos de necesidad real" y no de "una demanda ilimitada" de la cuenca receptora, Núñez ha recordado que el PP de Castilla-La Mancha también ha dejado "clara" su postura en el Parlamento autonómico, donde ha alcanzado un "importante" acuerdo con el PSOE para alegar en defensa de los intereses hídricos de la región.
En otra comparecencia, la portavoz del PSOE en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, ha acusado al PP de unirse "en contra de los intereses" de Castilla-La Mancha y de urdir una "estrategia" para "expoliar el agua" del río Tajo.
"Queda más claro que nunca que estamos hablando del Partido Popular contra los intereses de Castilla la Mancha. Todas son comunidades del Partido Popular; todas ellas contra Castilla-La Mancha. Esa es la lectura principal que sacamos de la suma de la Comunidad de Madrid a esta estrategia de expoliar el agua a Castilla-La Mancha", ha dicho Abengózar tras conocerse que Madrid se ha sumado a las alegaciones del Levante.