La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo no ha admitido el recurso de casación presentado por la Junta de Castilla-La Mancha contra una sentencia que ordenaba la anulación de ocho resoluciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno regional mediante las que se suprimieron 32 puestos de trabajo de la estructura de la Administración autonómica y del Sescam, y se crearon otros ocho de libre designación.

Este fallo, que llegó tras un primer recurso de la Administración regional, fue dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSCJM), que a su vez ratificaba la emitida el 2 de diciembre de 2020 por el magistrado-juez del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Toledo.

Según ha informado CCOO en nota de prensa, el juez de instancia declaró vulnerado por el Gobierno autonómico "el derecho a la negociación colectiva de los sindicatos en representación del personal", manifestando que "no se ha actuado con la flexibilidad ni la diligencia necesaria provocando indefensión y la ineficacia de la negociación llevada a cabo" y "no se ha cumplido con el requisito de la buena fe negocial".

El TSJCM ratificó esta condena y recalcó que el recurso de apelación interpuesto por la Junta ni siquiera aportaba "cita legal, jurisprudencial o doctrinal" que pusiera en tela de juicio "la cuestión de fondo: que no existió buena fe por parte de la Administración, ni se cumplieron con los requisitos establecidos en los artículos 147 y 152 de la Ley 4/ 2011 de Empleo Público de Castilla-La Mancha". Ahora, el Tribunal Supremo, señalan desde el sindicato, "ni siquiera ha admitido a trámite el recurso de casación de la Junta, que despacha en un solo párrafo". Como las dos instancias anteriores, el Alto Tribunal ha condenado en costas al Gobierno de Castilla-La Mancha.

Cumplimiento de la sentencia

CCOO exigirá ahora el cumplimiento de la sentencia "que hace ya más de cuatro años ordenó a la Junta suprimir los ocho puestos de libre designación que creó ilegalmente y a reponer, presupuestar, ofertar y cubrir los 32 puestos de estructura suprimidos también de forma ilegal en la misma fecha, el 19 de diciembre de 2019".

Ese día, recuerdan, el Gobierno de Castilla-La Mancha convocó una Mesa Sectorial de Personal Funcionario para aprobar una modificación global de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración Autonómica y sus organismos dependientes. Lo más destacable era la creación de una "cantidad desmedida" de puestos de confianza (libre designación) y la supresión de un buen número de plazas de estructura (auxiliares, administrativos o técnicos).

"Desde CCOO decidimos impugnar la creación de aquellos puestos de confianza en los que a nuestro parecer se estaba incumpliendo de manera más flagrante el principio de buena fe negocial, puesto que ni siquiera había una memoria que apuntase las funciones de esos nuevos puestos, creados sin contenido alguno aparente. Igualmente, también impugnamos la supresión de puestos de estructura en los que toda la explicación que daba la administración era que no eran necesarios. La cuestión es que en aquella mesa se utilizó un sistema de negociación muy perverso y se infringieron los principios más básicos de negociación colectiva, como reiteradamente han recalcado jueces y tribunales", han manifestado en el sindicato.

Los hechos datan de 2019, insisten, por lo que el Gobierno regional "ha consumido cuatro años largos y ha gastado miles de euros de dinero público en recorrer y agotar todas las instancias judiciales hasta que el Supremo le ha dado al fin con la puerta en las narices. Cumpla, pague y calle".

"A nadie se le ocurre llegar tan lejos sin tener argumento ninguno, salvo que su única pretensión sea perder el tiempo y salvo que dispare con pólvora del rey, con el dinero de todos los contribuyentes. A eso, los gobiernos de García-Page, su reiterado consejero de Hacienda y Administraciones Públicas y su igualmente reiterado director general de la Función Pública nos tienen ya acostumbrados, como tiene ya aburrido e indignado a todo el escalafón judicial de lo contencioso-administrativo. Tampoco es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta sino la enésima vez que el Gobierno de Page es condenado por no respetar los derechos fundamentales de los representantes legales de los trabajadores de la Junta", han criticado.