El presidente de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha denunciado este viernes durante un desayuno informativo la existencia de un pacto entre el PSOE y el PP en las Cortes autonómicas para distribuir una "paguita" que costará casi 15 millones de euros a las arcas públicas entre un total de 173 altos cargos de la Junta de Comunidades una vez dejen sus responsabilidades políticas.
"PSOE y PP han pactado un sueldo 'nescafé' para seguir cobrando cuando cesen como políticos", ha asegurado el líder regional de Vox en su comparecencia ante los periodistas, al tiempo que ha explicado que estas retribuciones las cobrarían los miembros del Gobierno de Castilla-La Mancha una vez cesados.
David Moreno ha calificado el acuerdo de socialistas y populares como "inaudito". Acompañado por Daniel Arias, presidente provincial de Vox en Toledo, el líder regional del partido de Santiago Abascal se ha referido en estos términos a las enmiendas pactadas entre el PSOE y el PP en las Cortes de Castilla-La Mancha y presentadas al Proyecto de Ley de Integridad Pública.
"Gran coalición PSOE-PP"
Las enmiendas a las que se refiere David Moreno fueron publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha del 17 de mayo de 2024 y se pueden consultar en el documento adjunto a esta información, concretamente en las páginas 18 y 19. Para Vox, se trata de un ejemplo más de la "gran coalición PSOE-PP" que existe en Castilla-La Mancha.
Según los datos hechos publicos por David Moreno, esos 173 altos cargos políticos de la Junta de Comunidades cuestan actualmente a las arcas regionales 10,5 millones de euros anuales. Tras dejar sus cargos, y siempre según los números del líder regional de Vox, estos políticos cobrarían durante los 12 primeros meses el 80 por ciento de esa cantidad, es decir, en torno a 8,5 millones de euros, y los 12 meses siguientes el 60 por ciento, lo que supone otros 6,5 millones.
"En total estamos hablando de casi 15 millones de euros destinados a paguitas y así de claro se lo vamos a explicar a todos los castellono-manchegos porque es otro ejemplo más de esa gran coalición del PSOE y PP", ha argumentado Moreno.
De ahí que el líder castellano-manchegos de Vox haya denunciado, una vez más, esa "gran coalición" de PSOE y PP, "que votan lo mismo y que muchas veces se preparan para presentar las mismas iniciativas, pero desde Vox nos vamos a oponer tajantemente y con toda contundencia".
La ley explicada por Guijarro
Tal como informó EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM el pasado 2 de abril, este proyecto de ley se aprobó en el Consejo de Gobierno de la Junta con el objetivo de "cerrar las puertas giratorias" de los políticos en Castilla-La Mancha, tal como explicó el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarra. La ley tiene el objetivo de impedir a los altos cargos regionales trabajar o realizar actividades durante dos años con empresas con las que hayan tenido relación otorgándoles subvenciones o contrataciones.
Los altos cargos a los que afectará esta ley son los miembros del Consejo de Gobierno y de todos los órganos directivos de asistencia de apoyo, de las viceconsejerías y de las direcciones generales, así como los presidentes, directores generales o directores gerentes de cualquier ente público, empresa pública, fundación o personas que tengan un contrato de alta dirección o personal directivo en aplicación de la ley de la función pública de Castilla-La Mancha.
La nueva ley otorgará funciones de control y vigilancia a la Oficina de Integridad, organismo que se encargará de velar por el cumplimiento del texto una vez que sea aprobado.
Obligaciones de los altos cargos
Las obligaciones a las que serán sometidos estos altos cargos de Castilla-La Mancha comenzarán en el momento de tomar posesión. Y es que a la declaración de Actividades, Bienes y Rentas a la que ya están obligados, ahora se une una declaración responsable en la que se comprometen a no estar implicados en ninguna causa de incompatibilidad con la gestión pública. En el caso de detectarse alguna incompatibilidad, el implicado tiene un mes para solventarla o en caso contrario, deberá abandonar su puesto.
Al término de la legislatura, después de la convocatoria de elecciones, las personas afectadas por la nueva normativa tendrán que realizar otra declaración específica a la Oficina de Integridad, que comparará la declaración anterior y emitirá un informe donde reflejará las posibles diferencias observadas en su situación patrimonial.
Una vez que hayan cesado, los altos cargos también estarán obligados a seguir declarando las actividades que lleven a cabo en el sector privado para evitar que en un plazo de dos años, puedan tener tener relaciones con empresas con la que hayan tenido contacto en su etapa en la administración ya sea otorgándoles expedientes de subvención o contratación.