Estas son las 15 claves del nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha pactado por los equipos de Page y Núñez

Un año de negociaciones entre el PP y el PSOE han desembocado este lunes en un acuerdo político histórico en Castilla-La Mancha: la presentación consensuada en las Cortes regionales de una proposición de ley para poner en marcha el trámite parlamentario que culmine en la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía.

El Grupo Parlamentario Socialista, a través de su portavoz, Ana Isabel Abengózar, ha sido la encargada de presentar oficialmente este proyecto de ley en el Parlamento castellano-manchego, dando así inicio a un periodo de tramitación que, una vez resuelto, terminará enviando el texto al Congreso de los Diputados.

El texto consensuado con el PP, en el marco de un acuerdo que ha dejado fuera al grupo parlamentario de Vox, se articula en torno a quince grandes líneas, entre ellas recoger el derecho al agua como motor económico y social de la región y reclamar una financiación autonómica justa para posibilitar la cohesión social y territorial.

Amplio acuerdo social

El PSOE y el PP, entre las protestas de Vox, consideran que se trata de "un buen acuerdo" que ahora, de manera paralela a su tramitación, buscará también un amplio acuerdo social con organizaciones, entidades, colectivos, agentes sociales y económicos de Castilla-La Mancha.

Este nuevo Estatuto fortalece la capacidad de autogobierno de la región, abriendo un nuevo tiempo para Castilla-La Mancha y para una nueva generación que verá, en el nuevo Estatuto, "un acelerador de oportunidades de futuro en nuestra tierra", tal como aseguran sus promotres.

El actual Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha es hasta la fecha el primero y único que se ha aprobado en la comunidad autónoma, ya con más de cuarenta años de vigencia.

Quince grandes claves

Según el texto enviado por el PSOE a los medios de comunicación, las 15 grandes líneas del nuevo Estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha son:

1. Blindar las políticas sociales, introduciendo una garantía de derechos para mujeres, jóvenes, mayores, personas con discapacidad, personas vulnerables. También se blindan los derechos de las minorías.

2. ⁠Se reconoce expresamente el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y, especialmente, su derecho a recibir políticas públicas que las protejan frente a la violencia de género. La lucha contra la violencia machista queda blindada en el nuevo Estatuto de Autonomía.

3. ⁠Blindar el diálogo social como fórmula de trabajo en Castilla-La Mancha. Todas las reformas legislativas y reglamentarias competencia de nuestra región, deberán pasar por el Consejo Social (donde están representados las organizaciones sindicales y empresariales) antes de su tramitación.

4. ⁠Corrige la ley electoral de la etapa de Cospedal, ampliando la horquilla de escaños hasta un máximo de 59 diputados y diputadas. Las listas electorales tendrán que ser partidarias y cremallera entre sexos.

5. Más democracia parlamentaria. Se refuerza el papel de control de las Cortes Regionales con las Sesiones de Control al Gobierno, y se blindan los derechos de los diputados y diputadas. Todas las reformas posteriores que afecten a las reglas democráticas deberán ser aprobadas por mayorías cualificadas.

6. Un Estatuto con lenguaje inclusivo y no sexista. ⁠Se introduce lenguaje inclusivo (se cambia también el término minusválido por personas con discapacidad) y lenguaje no sexista.

7. Nuevos derechos sociales, ambientales y económicos. ⁠Se introducen nuevos derechos como la lucha contra el despoblamiento, el derecho al desarrollo sostenible, se introduce una línea de lucha contra el cambio climático, los derechos a la economía digital, a la movilidad, a la integración social etc…

8. Garantía de los servicios públicos en el medio rural. ⁠Se introduce el blindaje de los servicios públicos en el medio rural y la lucha contra el despoblamiento. En el título IV se incluye una referencia al desarrollo rural y a las medidas contra la despoblación.

9. Mejor gobernabilidad. Introduce la posibilidad de hacer decretos-Leyes, una figura necesaria para situaciones de emergencia ( ej. La pandemia) o incorpora la posibilidad de disolver anticipadamente las Cortes Regionales, aunque tendrían que repetirse estas elecciones cuando coincidan, como ha sucedido siempre, con las elecciones municipales.

10. ⁠Una Castilla-La Mancha sostenible. Justicia con el agua. Se introducen nuevas competencias como la obligación de la JCCM de impulsar estrategias de diversificación de fuentes energéticas renovables y promover el hidrógeno verde y los biocombustibles. Además se introduce de manera transversal nuestros derechos de agua como motor económico, social y de sostenibilidad ambiental después de que la normativa europea, las sentencias del Tribunal Supremo y la nueva planificación hidrográfica nos haya dado la razón.

11. Nuevas competencias para una Castilla-La Mancha más social. Se incorporan nuevas competencias como la regulación de la Inteligencia Artificial, el ingreso mínimo vital, nuevas políticas de empleo o el refuerzo de la Seguridad Social.

12. Elimina los aforamientos ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de todos los asuntos jurídicos que no estén estrictamente relacionados con las decisiones propias del cargo institucional.

13. Reconocimiento de las comarcas y del municipio en una mejor organización territorial de CLM: se reconocen el municipio como la entidad local básica en la que se cimienta la región, así como la figura de las comarcas. Se introduce la regulación de las áreas metropolitanas y la regulación de las entidades locales menores al municipio.

14. Castilla-La Mancha, una región de Europa. Regulamos las estructuras de relación con la Unión Europa y nos reconocemos como una región europea e incluimos la proyección exterior de la Comunidad Autónoma a través de delegaciones, oficinas y agencias permanentes en la Unión Europea como define la Ley estatal de Acción Exterior.

15. Reivindicación de una financiación justa para la cohesión social y territorial. Se incluye una Disposición Adicional que establece la petición de una garantía para que las inversiones del Estado se realicen de acuerdo con criterios de equilibrio territorial y teniendo en cuenta factores como la población, la dispersión geográfica o la densidad poblacional. Es decir, un reparto justo para la cohesión social y territorial de nuestra tierra.