El Gobierno de Castilla-La Mancha atiende en la actualidad a 554 menores no acompañados, de los cuales 84 tienen que ver con los convenios de los niños y adolescentes migrantes no acompañados que llegan a Canarias.
Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz gubernamental, Esther Padilla, al ser preguntada este miércoles al respecto en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados esta semana en el Consejo de Gobierno.
Padilla ha matizado que la acogida y la atención de menores no acompañados no es solo del convenio de Canarias. "Hay menores que llegan a nuestra región de otras maneras o incluso menores que tenemos que tutelar de Castilla-La Mancha, que son de aquí".
Esta misma semana, ha avanzado, Castilla-La Mancha va a recibir a ocho nuevos menores no acompañados, en virtud al convenio de 2023. "Si no les hemos atendido antes es porque no nos han mandado", ha defendido la portavoz del Gobierno regional.
"En Castilla-La Mancha sí estamos cumpliendo con los compromisos adquiridos", ha sostenido.
Además, ha comentado que la intención del Ministerio es que, para el próximo año, Castilla-La Mancha atienda concretamente -en lo que tiene que ver con Canarias- a 20 menores.
Padilla ha asegurado que la región va a atender a estos niños y adolescentes con "toda la solidaridad posible", al igual que lo hace con los menores que llevan por otras vías.
Apoyo a la Ley de Extranjería
Por su parte, la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha expresado su apoyo a la reforma de la Ley de Extranjería para repartir la tutela de los menores no acompañados que llegan a las costas canarias, pero ha señalado que tiene que estar acompañado de financiación.
García, que asiste en Tenerife a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, ha señalado a los periodistas antes del inicio de la reunión, que el martes le pasaron un documento sobre la reforma y su comunidad está en "plena colaboración" ante la situación que se está viviendo en Canarias.
No obstante, ha insistido en que se trata de un problema que debe asumir el Gobierno de España e, incluso, Europa con la colaboración de las comunidades autónomas y ha insistido en que si hay que modificar la ley para dar cobertura y garantizar los derechos de los niños y niñas que están en Canarias para que sean atendidos con todas las garantías que se merecen, "pues habrá que modificarla".