De "extrema gravedad". Así califican su situación las empresas gestoras de las residencias de ancianos de Castilla-La Mancha que se han asociado en la Plataforma por la Defensa de los Mayores, de la que forman parte también un total de 27 ayuntamientos de la comunidad autónoma, todos ellos gobernados por el PP.

En un comunicado emitido este jueves, dichas empresas y consistorios han anunciado que "no descartan emprender movilizaciones" para ser escuchados por la consejera de Bienestar Social del Ejecutivo autonómico, Bárbara García Torijano, a la que exigen que atienda las "justas reivindicaciones" del colectivo.

Entre todas ellas, la principal es el incremento del precio que paga la Administración regional por cada plaza subvencionada, que actualmente se sitúa en 250 euros menos respecto a cada plaza concertada, han cifrado.

Así lo han indicado los portavoces de la Plataforma, los alcaldes de Porzuna (Ciudad Real) y de Los Navalucillos (Toledo), Carlos Jesús Villajos y José Ángel Pérez, respectivamente, quienes han acusado a la Junta de Comunidades de discriminar a aquellas personas mayores que disponen de una plaza subvencionada.

En este sentido, han recordado que en el año 2016 todas las plazas públicas en las residencias de personas mayores, ya fueran concertadas o subvencionadas, recibían la misma cantidad por parte de la Junta de Comunidades. Desde ese momento, sin embargo, la aportación a las plazas concertadas ha ido actualizándose con el IPC, mientras que la de las plazas subvencionadas quedó congelada.

Esa decisión, argumentan, ha llevado a las residencias a una "situación 
insostenible" y que ponen en peligro de cierre a "un recurso que es fundamental en nuestros pueblos", ya que "los salarios, la comida, la luz y todos los costes se han disparado en los últimos años".

Cobros mensuales

"Para más inri, somos los ayuntamientos quienes tenemos que sostener financieramente las plazas subvencionadas, puesto que el dinero que abona la Junta de Comunidades llega a finales de año", añaden. Por eso, piden a Bienestar Social que abone el dinero de las plazas subvencionadas mensualmente, al igual que hace con las concertadas.

Desde la Plataforma por la Defensa de los Mayores insisten en que "la Junta de Comunidades está dando la espalda a las personas mayores que se encuentran en plazas subvencionadas, está abocando a las residencias al cierre y está poniendo en jaque cerca de 600 empleos directos y muchos empleos indirectos".

"La mayoría de los abuelos que ingresan en plazas públicas, ya sean subvencionadas o concertadas, son de Grado III y Grado II de Dependencia y necesitan una atención permanente y adecuada y un servicio de calidad. El cuidado de los residentes y las obligaciones son las mismas en los dos tipos de plazas públicas, por lo que las condiciones de precio, pago y demás deberían ser también iguales", han defendido, por lo que consideran que "desde las instituciones públicas no podemos permitir que haya personas mayores de primera clase y mayores de segunda clase".