Rodríguez responde que el cupo catalán está "en el marco constitucional" pero no convence al Gobierno de Page

Sigue el cruce de declaraciones entre los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha a cuenta del polémico acuerdo firmado entre el PSC y ERC que permitió al socialista Salvador Illa convertirse en presidente de la Generalitat a cambio de un "sistema de financiación singular" para Cataluña.

Un día después de que el consejero de Hacienda castellano-manchego, Juan Alfonso Ruiz Molina, opinase que el pacto "no se va a llevar a cabo" porque es "un flagrante ataque al principio de igualdad que se reconoce en la Constitución", la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha negado la mayor y ha asegurado este miércoles en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "siempre actúa en el marco constitucional".

Durante una rueda de prensa ofrecida en Toledo junto a la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, la ministra ciudadrealeña ha insistido a preguntas de los periodistas en que toda la acción ejecutiva se ejerce "en el marco de los principios constitucionales".

Pide "tranquilidad"

Ante las feroces críticas que ha suscitado el cupo catalán en las comunidades autónomas gobernadas por el PP e incluso otras dirigidas por los socialistas, como es el caso de Castilla-La Mancha, Rodríguez ha pedido "tranquilidad".

"No somos nuevos. Ahí está nuestra gestión con la que arrancamos este curso político. Este Gobierno ha dado buena cuenta de su compromiso con las autonomías, de su defensa y la ampliación de las políticas sociales, del incremento de las pensiones o la confianza en la educación pública", ha añadido contraargumentando a aquellos que consideran que el Gobierno de Pedro Sánchez va a privilegiar económicamente a Cataluña perjudicando los intereses de otras regiones. 

"Hemos escuchado muchas veces esa misma retahíla, pero la realidad es que hoy las comunidades autónomas cuentan con más apoyo que nunca por parte del Gobierno de España", ha defendido la titular de Vivienda y Agenda Urbana, que ha reconocido la necesidad de abordar "cuánto antes" un nuevo pacto de financiación autonómica y local.

A este respecto, en la víspera el consejero de Hacienda del Gobierno de Emiliano García-Page había pedido al Ejecutivo central y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que lidere una propuesta para reformar el actual modelo de financiación autonómica, haciéndolo además no de manera bilateral con cada una de las comunidades, sino de forma conjunta a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"Aspiro a que el Gobierno de la nación actué con tanta rapidez como con la que ha avalado el acuerdo alcanzando en Cataluña", dijo Ruiz Molina, aunque también ironizó: "Los Consejos de Política Fiscal y Financiera ya no van a ser convocados por la ministra de Hacienda; deberían ser convocados por la recién nombrada consejera de Hacienda de Cataluña, porque va a ser Cataluña quien decida el dinero del que vamos a disponer el resto de comunidades autónomas".

Críticas al PP

Pese a esta reclamación llegada desde Castilla-La Mancha y el resto de regiones críticas con el cupo catalán, Isabel Rodríguez ha tratado de quitar presión al Gobierno del que forma parte y ha cargado las tintas contra el PP por bloquear las negociaciones y no haber apoyado la senda de estabilidad presentada el Ejecutivo, impidiendo así la tramitación de los presupuestos generales del Estado (PGE).

"Nos están privando a todos de 7.500 millones de euros adicionales para poder llevar a cabo políticas públicas. Se le está privando a Castilla-La Mancha de más de 280 millones de euros para poder hacer políticas sociales", ha lamentado la ministra.

Aunque Rodríguez ha indicado que no le corresponde a ella interpretar el acuerdo firmado entre el PSC y ERC porque es "público y político" y "se expresa en sus propios términos", sí ha defendido que ratifica "la presencia de la Generalitat y de Cataluña en los órganos multilaterales de gobernabilidad de España".

Todo ello pese a que en el documento consta que el "sistema de financiación singular" para Cataluña que el Gobierno de Sánchez defiende como constitucional y positivo para todos los españoles estará "basado en la relación bilateral" con el Estado y supondrá avanzar "hacia la plena soberanía fiscal" catalana a través de "la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos".

Esther Padilla, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha. JCCM

Tras el llamamiento de Isabel Rodríguez a la calma, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha insistido en que la reforma de la financiación autonómica, algo que ha considerado "imprescindible" y que hay que hacer "con urgencia", se abordará de manera conjunta entre todas las comunidades autónomas "o no se abordará".

Castilla-La Mancha "está radicalmente en contra" de un "tratamiento especial hacia Cataluña", ha finalizado Padilla evidenciando que al Gobierno de Page no le valen los argumentos esgrimidos hasta el momento por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.