El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad, sacó el pasado lunes 9 de septiembre a información pública el proyecto de decreto con el que se creará un registro de sanitarios objetores de conciencia al aborto.
El objeto de dicho decreto, según consta en el borrador, es "crear y regular el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia directamente implicados en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo" y "establecer el procedimiento de declaración de objeción de conciencia" de los mismos.
En el documento se recuerda, además, que la puesta en marcha de este registro de objetores al aborto es consecuencia de la reforma de la ley del aborto aprobada en el Congreso de los Diputados en febrero de 2023, que así lo exigía.
Pese a haber pasado ya un año y medio desde entonces, solo cinco comunidades autónomas (La Rioja, Murcia, Cantabria, Cataluña y Canarias) han activado este censo. Algo que también hará en breve Castilla-La Mancha.
El Ministerio de Igualdad, que impulsó la reforma de la ley del aborto durante la etapa de Irene Montero, buscaba con dicha modificación garantizar que las mujeres que lo necesiten puedan interrumpir su embarazo en los hospitales públicos, obligando a todos ellos a ofrecer tanto el aborto farmacológico como el quirúrgico.
A la privada
Hoy por hoy, el 85 % de los abortos que se llevan a cabo en España se realizan en clínicas privadas, muchas veces a cientos de kilómetros de distancia del domicilio de las pacientes. Una situación que, en gran medida, se produce por la altísima tasa de médicos objetores que se registra en los sistemas públicos de salud autonómicos.
En Castilla-La Mancha, sin ir más lejos, el 100 % de los servicios ginecológicos y obstétricos de los hospitales públicos se niegan a practicar interrupciones voluntarias a menos que haya riesgo en la salud de la madre o del feto, según ha asegurado en varias ocasiones el propio Gobierno regional.
Según los últimos datos disponibles publicados por el Ministerio de Sanidad, referentes al año 2022, en Castilla-La Mancha la cifra de abortos fue de 3.294. Solo dos de ellas se llevaron a cabo en centros públicos, 891 en privados y el resto se produjeron de forma extrahospitalaria.
Y es que las mujeres que deciden voluntariamente someterse a este procedimiento cuando no existe riego para ellas o para el feto solo pueden llevarlo a cabo sin coste en dos clínicas privadas que tienen concierto con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), una de ellas en Albacete capital y otra en Miguelturra (Ciudad Real).
Con el registro de objetores se persiguen varios objetivos. Uno de ellos es que cada sanitario exprese su objeción de conciencia de manera individual, evitando que sean los servicios completos quienes tomen la decisión. "La objeción de conciencia es un derecho individual, con un carácter personal, intransferible y concreto. Por lo tanto, no podrá ejercerse por una institución, un centro, un servicio o una unidad", consta en el borrador del decreto redactado por el Gobierno castellano-manchego.
Y otro es evitar que aquellos supuestos objetores en la sanidad pública sí practiquen abortos en la privada, generando con ello beneficios económicos. Una "incoherencia" que, según dijo en mayo de 2023 la entonces consejera de Igualdad, Blanca Fernández, "afortunadamente" no se había dado hasta el momento en Castilla-La Mancha.
En el borrador del proyecto se asegura que el listado de sanitarios objetores que se pondrá en marcha en las próximas semanas en Castilla-La Mancha "se someterá al principio de estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos de carácter personal", dejando además un "rastro de acceso", aunque desde el Grupo Parlamentario Vox en las Cortes regionales se ha denunciado que el secreto no está garantizado ya que los responsables de los centros donde se practican interrupciones voluntarias del embarazo -tanto públicos como privados- tendrán disponible esta información.
¿Cómo funciona la inscripción?
1. La declaración de objeción de conciencia se presentará de manera individualizada.
2. Se presentará previamente a la fecha prevista para la realización de la prestación de interrupción voluntaria del embarazo, mediante el envío telemático a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
3. La declaración de objeción de conciencia se inscribirá de oficio en el registro y el profesional recibirá un acuse de recibo de su inscripción en el registro con la fecha de la solicitud.
4. La declaración de objeción de conciencia tendrá efectos de forma indefinida y podrá ser modificada o revocada en cualquier momento.
5. La baja en el registro se podrá realizar por la persona interesada o por la dirección general responsable en los supuestos de defunción, jubilación o invalidez permanente de la persona registrada, una vez comunicada alguna de estas situaciones por la dirección del centro donde preste servicio la persona registrada.
Según el diputado y portavoz de Vox en el Parlamento regional, Iván Sánchez, "este registro no es más que una herramienta de control del Gobierno socialista de Emiliano García-Page para perseguir a aquellos médicos que se niegan a participar en abortos" y "supone una violación del derecho fundamental a la objeción de conciencia", sobre el que ha asegurado que no necesita ser regulado ni controlado por la Administración.
Iván Sánchez, portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha.
"Estamos ante un intento más de instaurar un sistema de control propio de regímenes totalitarios", ha advertido el parlamentario de Vox, que ha insistido en que "no se puede permitir que, en lugar de defender a los médicos, la Junta los obligue a declarar públicamente su postura sobre un tema tan personal y delicado como este".
Cuando el Congreso de los Diputados aprobó en febrero de 2023 la modificación de la ley del aborto que exige a las comunidades la creación del registro de objetores, el Gobierno de Castilla-La Mancha afirmó que respetaría la decisión de cada uno de los profesionales sanitarios y que, a su vez, trataría de ofrecer a las mujeres la posibilidad de abortar en los hospitales públicos. Para ello ha intentado fichar, incluso, a médicos que sí interrumpen embarazos en la privada, aunque sin éxito hasta el momento.