La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha asegurado que si finalmente el PP no vota a favor de la senda de estabilidad presupuestaria en el Congreso de los Diputados, Castilla-La Mancha perderá 230 millones de euros.
Así lo ha asegurado Tolón en una nota de prensa en la que ha lamentado que la postura adelantada por el PP de votar en contra del techo de gasto propuesto por el Gobierno de España, "vaya a impedir" que Castilla-La Mancha disponga de esos 230 millones de margen fiscal para los ejercicios de 2025 y 2026.
La aprobación del techo de gasto, trámite imprescindible para que el Gobierno central arranque la tramitación de los nuevos presupuestos generales, volverá a ser tramitada en el Congreso de los Diputados después de que a finales de julio no fuera aprobada por los votos en contra el PP, Vox y Junts, que esta vez no se alineó con el bloque del PSOE.
"Si el PP rechaza la senda de estabilidad no está perjudicando al Gobierno central, estará perjudicando a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos reduciendo su capacidad de gasto en los próximos dos años", ha afirmado la delegada del Gobierno.
"Son 230 millones de euros de capacidad de gasto que Castilla-La Mancha no podrá destinar a sanidad, educación o servicios sociales, perjudicando con ello no al Gobierno de España, sino a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región", ha añadido Tolón.
Pérdida de margen de las ciudades
Además, ha señalado que el impacto negativo se dejará sentir de manera directa en los ayuntamientos, incluyendo las principales ciudades de Castilla-La Mancha
Según sus cuentas, en los próximos dos años Toledo tendría 6,8 millones de euros menos de capacidad de gasto, Albacete 9,6 millones de euros, Ciudad Real 4,8 millones de euros, Guadalajara 4,7 millones de euros y Cuenca 3,2 millones de euros menos de capacidad de gasto.
En este sentido, Tolón ha recordado que las comunidades autónomas gobernadas por el PP avalaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la senda propuesta por el Gobierno donde se abstuvieron porque "sabían que los nuevos objetivos de déficit les beneficiaban".
Por ello, ha zanjado que su voto en contra en el Congreso “no solo es una grave irresponsabilidad", sino que también representa "una gran incongruencia y una falta de respeto al principal órgano de discusión y diálogo entre el Estado y los gobiernos autonómicos".