El presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, y el presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, Javier de Irízar, han coincidido este jueves en echar en falta un dictamen previo del Consejo de Estado sobre la controvertida Ley de Amnistía, recurrida, como se sabe, por el Gobierno castellano-manchego ante el Tribunal Constitucional.

El reproche ha tenido lugar en un acto oficial en Toledo en el que también participaba la propia presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, quien a su vez se ha defendido de esta queja planteada por Page e Irízar en sus respectivas intervenciones, y cada uno con sus matices.

La posición de Page es que el legislador, antes de seguir con la tramitación de la Ley de Amnistía, debió acudir a pedir dictamen al Consejo de Estado, fundamentalmente porque se trata de una norma controvertida y, por tanto, "la consulta era obligatoria". El presidente de la Junta, sentado junto a Calvo, ha recordado que el Gobierno regional sí pidió el dictamen al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, y así se debió hacer también, a su juicio, por parte del legislador ante el Consejo de Estado.

Un dictamen necesario

Como informó EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, el informe del Consejo Consultivo castellano-manchego fue favorable al recurso de inconstitucionalidad que después presentó Page ante el Constitucional, aunque el presidente de la Junta ha asegurado este jueves que "si el dictamen hubiera sido negativo, yo no hubiera recurrido por mucho por mucho que me apretaran o presionaran".

"Cuando se sabe de antemano que hay controversia social y jurídica es precisamente cuándo más obligatorio es consultar", ha dicho Page delante de la presidenta del Consejo de Estado, considerando como "importante" que en los casos en los que "todos saben que existe esa controversia social es cuándo más justificado está el viaje al órgano consultivo".

"Era deseable la opinión del Consultivo, al que se le puede pedir dictamen independientemente de que sea o no preceptivo", ha dicho un Page que, por otro lado, ha considerado "deseable" que toda persona que tenga responsabilidad pública desde la política tenga "conocimientos de derecho". "El derecho es clave, y quien no entienda que las sociedades son civilizadas porque anteponen el derecho, es que no saben donde viven", ha indicado al respecto.

"Lo he echado de menos"

Por su parte, Javier de Irízar, presidente del Consultivo castellano-manchego, ha reprochado la no intervención del Consejo de Estado ante la Ley de Amnistía, lo que ha provocado, a su juicio, que los consultivos regionales se hayan tenido que pronunciar "sin tener una guía que pudiéramos haber seguido de un dictamen del Consejo de Estado y ante un tema nuevo sin jurisprudencia". "Lo he echado de menos", ha dicho.

"Son tiempos en que las razones de oportunidad parecen pesar mucho más que las razones de legalidad y, a veces, que los propios límites constitucionales", ha condenado De Irízar, que ha asegurado que no desempeñaría con lealtad su papel como presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, si no advierte "de los peligros que atenazan a la función consultiva".

"Los órganos consultivos, con su experiencia y capacidad de análisis, constituyen un contrapeso esencial en el sistema de creación normativa, garantizando que las leyes, reglamentos y decretos se ajusten al marco legal y constitucional. Sin ser vínculo ante sus dictámenes, sí que han venido constituyendo una guía", ha dicho el representante castellano-manchego.

"Sin tener una guía"

"Por tanto, omitir esta intervención abre la puerta a errores, vacíos legales e incluso vulneraciones de derechos fundamentales que, por otra parte, no justificadas. Particularmente, he echado de menos en lo que sin duda hubiera constituido un interpretativo fundamental en la Ley de Amnistía que se hubiese destabilizado por el Consejo de Estado, cosa que se evitó y que no se hizo".

A su entender, "hubiese sido interesante haber tenido esta especie de guía que, por supuesto, nunca sería vinculante para los consejos consultivos, pero sí hubiese sido de un gran interés a la hora de pronunciarse".

"Hemos tenido que ser los consejos consultivos en las distintas comunidades autónomas los que nos hayamos enfrentado a esta ley en aquellos sitios en que los gobiernos, como en Castilla-La Mancha o las asambleas legislativas, han solicitado un dictamen. Nos hemos tenido que enfrentar sin tener una guía que pudiéramos haber seguido de un dictamen del Consejo de Estado y ante un tema nuevo sin jurisprudencia. Hemos hecho lo que hemos creído razonable y la mayoría han coincidido en el diagnóstico final sobre esta ley", ha concluido.

Carmen Calvo se defiende

Por su parte, Carmen Calvo, tras escuchar estos reproches, se ha defendido afirmando que el Consejo de Estado no sido llamado a consulta para que se pronuncie sobre la ley de Amnistía "porque reglamentaria y legalmente ni puede ni debe".

La presidenta del Consejo ha recordado que la seguridad jurídica "reparte a cada quien sus competencias sobre la constitucionalidad de las leyes" de tal modo que, sobre las leyes del país, "solo se pronuncia de manera efectiva jurídicamente y como obligatoriedad en el Tribunal Constitucional".

"Como todos bien sabemos, lo demás son evidentemente posiciones respetables, pero fuegos de artificio. Las proposiciones de ley no las informa el Consejo de Estado, porque no lo contemplan ni nuestra ley orgánica ni nuestro reglamento".

Calvo ha abundado en que la institución que preside no informa sobre ninguna proposición de ley, porque las proposiciones de ley nacen del impulso directo de la soberanía del pueblo español que se representa en las Cortes Generales, "y al pueblo español nadie le dice nada, salvo las siguientes urnas o el Tribunal Constitucional".

"Desde luego, el Consejo de Estado es el órgano consultivo de los impulsos normativos del Gobierno de la nación, no de las Cortes Generales. Por lo tanto, no tenemos que hacer ningún pronunciamiento de las iniciativas que nacen de la propia soberanía popular. Esto es seguridad jurídica, esto es tranquilidad jurídica. Es la actuación de cada quien en el ámbito que le es competente".

"Nosotros no hemos sido llamados a consulta porque reglamentaria y legalmente ni podemos ni debemos", ha terminado zanjando.