La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) ha admitido a trámite, por procedimiento de urgencia, la petición registrada por la Asociación de Afectados por el Parque Nacional de Cabañeros (AAPNC) que solicita una investigación sobre "posibles infracciones de la legislación medioambiental de la Unión Europea" como consecuencia de la sobrepoblación de ciervos y jabalís en este espacio protegido.
La asociación se queja de que "la inacción del Gobierno Español ha dejado un espacio natural de alto valor ecológico en grave situación de desamparo".
Según ha informado la AAPNC, el procedimiento continuará en la Comisión Europea, que emitirá un pronunciamiento por escrito para que el tema sea tratado en la próxima reunión de la Comisión de Peticiones (PETI). Durante esta sesión, se convocará a los afectados para exponer el problema, que será debatido entre los eurodiputados.
La asociación recuerda que en mayo presentaron una denuncia ante la Comisión Europea por la "gestión deficiente y negligente" del parque por parte del Gobierno de España. En el escrito, urgían a este órgano a intervenir para "evitar un deterioro ecológico irreversible".
Ciervos y jabalís
La sobrepoblación de ungulados y la falta de mantenimiento son las causas del "grave impacto en su biodiversidad", denuncian. En este sentido, los afectados aseguran que frente a la densidad máxima estimada para ciervos de 20 ejemplares por metro cuadrado, "nos encontramos unas densidades de 70".
"Este hecho es aún más grave en el jabalí, la densidad recomendada es de 5 ejemplares por metro cuadrado y las poblaciones estimadas son de 50", alerta AAPNC, que señala que esta circunstancia "no solo ha afectado a otras especies en peligro como el águila imperial, sino que también ha degradado árboles, suelo y vegetación".
A pesar de que Cabañeros fue declarado Parque Nacional en 1995, lamentan que "en los últimos años ha sufrido un progresivo abandono debido a la ausencia de un plan de gestión eficaz y a la falta de recursos suficientes para la realización de las necesarias labores de conservación del espacio protegido" que ha dado lugar a una sobrepoblación de ungulados que provoca una intensa presión sobre la vegetación causando erosión en el suelo y pérdida de biodiversidad.
Actualmente, la gestión de este espacio natural repartido entre las provincias de Toledo y Ciudad Real está en manos del Estado a través de la Dirección General de Parques Nacionales, aunque el Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado los trámites para que se produzca una transferencia de las competencias.