Más de un millón de funcionarios y otros cerca de 500.000 mil beneficiarios en toda España que reciben actualmente asistencia sanitaria en el marco del concierto de Muface, podrían ver peligrar este servicio en las próximas semanas, un acuerdo que finaliza el próximo 31 de diciembre.
La renovación de ese concierto está en el aire, después de que las tres aseguradoras que prestan ahora esa asistencia -Adeslas, Asisa y DKV- hayan decidido no acudir a la nueva licitación de este servicio. ¿La razón? Alegan que las condiciones económicas que les ha puesto el Gobierno sobre la mesa son "totalmente insuficientes".
Una cobertura que, de desaparecer, afectaría a más de 73.000 funcionarios en Castilla-La Mancha, además de los correspondientes beneficiarios de cada uno de ellos. Un total de empleados públicos en la región que tienen contratadas sus coberturas sanitarias con Adeslas (31.719 afiliados), Asisa (16.913), DKV (2.546) e I.N.S.S. (21.846).
Sigue la negociación
La crisis estalló el pasado viernes, cuando el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública decidió convocar a los directores generales de las tres aseguradoras para darles a conocer las nuevas condiciones del concierto.
El Ejecutivo central les propuso una subida de la prima del 14 % para los dos próximos años, una cifra inferior al alza del 24 % que les habían deslizado los responsables de Muface en los últimos días y muy alejada del incremento del 40 % que pedían las tres aseguradoras. Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia este viernes por fuentes de la negociación, el Gobierno mejorará su propuesta, al menos en las cifras brutas.
Las compañías mantienen que las actuales condiciones económicas ya les suponen unas pérdidas anuales de 200 millones de euros. Según fuentes asistentes a la reunión que tuvo lugar la semana pasada, en caso de que aceptaran la oferta del ministerio y suscribieran el concierto con una subida de las primas de solo el 14 %, ese agujero se agravaría y las compañías tendrían que asumir unos costes insostenibles que están siendo espoleados tanto por la alta inflación, como por el aumento de la siniestralidad.
De no lograrse, las aseguradoras dejarían de ingresar alrededor de 1.000 millones de euros anuales en primas, y los servicios de salud pública de cada comunidad autónoma sufrirían una sobrecarga y una adaptación de consecuencias imprevisibles.