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El aumento de los delitos graves contra la libertad sexual y el cibercrimen preocupan especialmente en Castilla-La Mancha. El fiscal superior de la comunidad, Emilio Fernández, ha alertado este jueves del "incremento general de la delincuencia" en toda la región, con especial incidencia en estas dos tipologías criminales que están en fase creciente: la ciberdelincuencia y los delitos sexuales.

Así lo ha puesto de relieve el fiscal superior en una rueda de prensa en las cortes de Castilla-La Mancha, donde ha presentado la memoria anual de la Fiscalía de 2023 a los grupos políticos y al presidente de la Cámara, Pablo Bellido. El fiscal también ha entregado la memoria al presidente de la Junta, Emiliano García-Page.

Emilio Fernández ha explicado que los delitos contra la libertad sexual muestran "una tendencia creciente" en Castilla-La Mancha y representan en la región "dos de cada tres delitos graves", que son aquellos con penas superiores a nueve años de cárcel, informa Efe.

Excepcional gravedad

Según ha detallado el fiscal superior la mayoría de estos delitos se cometen contra menores de dieciséis años y en el ámbito familiar, siendo el perfil de delincuente más habitual el compañero sentimental de una madre que abusa de su hija, de manera prolongada en el tiempo.

Esto acarrea, según Fernández, "una carga criminológica muy importante", porque los hechos "no son únicos", de manera que normalmente "es casi imposible determinar una cifra" de abusos, máxime cuando las víctimas rara vez denuncian ante la primera conducta delictiva.

En el ámbito de la violencia de género, Fernández ha recordado que en 2023 hubo dos asesinatos machistas en Castilla-La Mancha y ha apuntado que, si bien "se incrementan los procedimientos", el año pasado descendió el número de órdenes de protección emitidas.

Ciberdelincuencia

Por otro lado, en el ámbito de la ciberdelincuencia, el fiscal ha destacado que los delitos tecnológicos, el llamado "cibercrimen", representa ya el 25 por ciento de la criminalidad registrada en España.

De estos delitos, el 90 por ciento son "patrimoniales, fundamentalmente estafas", y el 10 por ciento restante engloba conductas "muy graves" y dirigidas a menudo contra menores, como la distribución de pornografía, coacciones, amenazas o acoso.

En este sentido, el fiscal superior ha destacado que "la realidad criminológica de las redes sociales es absolutamente preocupante", pues el acceso a "contenidos ilícitos, en general, y pornográficos en particular" por parte de menores está "descontrolado".

Absolutamente preocupante

Ha alertado Fernández de que las redes sociales son un "campo de actuación" para pederastas o depredadores sexuales, así como un vehículo de mensajes de "inducción a las autolesiones, al suicidio, a la anorexia o a la bulimia", y considera que su uso requiere un mayor control tanto de las familias como de los centros educativos.

Al respecto, el fiscal ha defendido la necesidad de "educar a los padres como ciudadanos" en el uso del móvil por parte de sus hijos, ya que "no lleva a ningún sitio" regalarle a un niño o una niña, como sucede por ejemplo cuando hacen la Comunión, un smartphone. "Todo tiene que ser a su tiempo", ha dicho.

"Es absolutamente preocupante, en estos momentos hay en tramitación en el Congreso de los Diputados un anteproyecto de ley orgánica de protección a los menores en entornos digitales, que trata, por una parte, de cerrar un poco la persecución de las conductas delictivas sobre menores en entornos digitales y luego el controlar algunos aspectos que actualmente están absolutamente descontrolados, como es, por ejemplo, el acceso de los menores a contenidos ilícitos en general y pornográficos en particular", ha detallado.

Como ha señalado, Internet "es un mundo" y "las redes sociales son un vehículo de difusión no sólo de pornografía infantil o no sólo un campo de actuación para pederastas, para captadores de niños o de niñas, sino también de otro tipo de contenidos nocivos para los menores, como pueden ser los que tienden a la inducción a las autolesiones, al suicidio, a la anorexia, la bulimia".

El fiscal superior de Castilla-La Mancha ha reiterado la necesidad de que en los centros de enseñanza se controle el uso de los móviles, porque "son ordenadores de gran capacidad que en un centro de enseñanza no producen ningún beneficio" e incluso "muchas veces son el vehículo" de que el niño o la niña "esté pendiente del TikTok, del WhatsApp, de los grupos de YouTube".

Siniestralidad laboral

También ha expresado el fiscal su preocupación por la siniestralidad laboral, pues Castilla-La Mancha sigue "en el grupo de cabeza a nivel nacional" en cuanto a muertes en accidentes laborales. Y ha llamado la atención, asimismo, sobre la situación de los inmigrantes, a menudo víctimas de "explotación laboral" y "trata".

El fiscal superior, junto al fiscal de sala encargado de siniestralidad o salud laboral, va a reunirse próximamente con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Berta Chust, para abordar, canalizar y poner en común los "problemas" que existen en este ámbito en la región.

"La Fiscalía trata de mantener contactos frecuentes con las centrales sindicales, con la Inspección de Trabajo, con objeto de reducir la siniestralidad laboral", que aunque "ha bajado o ha descendido levemente en el año 2023 respecto a cifras anteriores", en el caso de los accidentes de trabajo con resultado de muerte, la Comunidad Autónoma está "en el grupo de cabeza a nivel nacional".

Faltan medios

En cuanto al funcionamiento de la Justicia en Castilla-La Mancha, Emilio Fernández ha puesto el foco en "dos áreas que van empeorando año a año", que son "la lentitud de las causas" y las "suspensiones de juicios".

Ha aprovechado Fernández para recalcar que la Fiscalía de Castilla-La Mancha necesita "más fiscales" y "más funcionarios", pues ello les permitiría aligerar la "sobrecarga de trabajo" y atender mejor algunas de sus competencias, como el control de la aplicación de medios de contención mecánicos y farmacológicos en unidades psiquiátricas.