Se cumplen ahora siete meses desde que Lorenzo Domínguez Donaire fuese elegido, con más del 92 % de apoyo por parte de los compromisarios, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Castilla-La Mancha. "Creo que el balance es positivo, porque seguimos creciendo tanto en afiliación como en número de delegados en los sectores donde se celebran elecciones", asegura sobre el inicio de su mandato durante una entrevista concedida a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM.

Este docente, que comenzó a dar clase en 1987 y dejó las aulas en 2004 para dedicarse de pleno a la labor sindical, lideró CSIF en la provincia de Ciudad Real durante siete años antes de hacerse con el mando regional, una posición desde la que reclama al presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, que revierta los recortes implementados hace ya más de 12 años por María Dolores de Cospedal y que empeoraron las condiciones laborales de los empleados públicos de la comunidad autónoma.

Y pide, también, que el Gobierno regional tenga más en cuenta a CSIF, recordando que es el sindicato mayoritario en la función pública castellanomanchega y que, además, en ningún caso busca subvenciones. "Eso dinero estaría mejor empleado en mejorar las condiciones de los empleados públicos con los salarios más bajos y en atender a los colectivos más vulnerables de Castilla-La Mancha", asegura Domínguez, que dice no entender por qué Page, que se presenta como "el presidente de todos", ni siquiera ha respondido a sus peticiones para mantener una reunión. Un bloqueo que, afirma, no padece ninguno de sus homólogos en el resto de regiones de España.

Aunque el presidente de CSIF-CLM también tiene para el Gobierno de Pedro Sánchez, al que reivindica un acuerdo salarial plurianual vinculado al IPC para revertir la pérdida de poder adquisitivo -superior al 20 %, dice- que acumulan los funcionarios en los últimos años. Y al que también advierte de que liquidar Muface puede suponer el "colapso" de los sistemas públicos de salud.

P.– Usted es empleado público y sindicalista. ¿Cómo lleva la lucha contra los clichés?

R.– Socialmente sigue existiendo una imagen equivocada sobre los empleados públicos, fomentada en parte por la propia administración, que muchas veces no nos cuida y algunas veces, incluso, nos maltrata. Recuerdo algunas declaraciones políticas que se hicieron al principio de la pandemia en Castilla-La Mancha.

Dentro de este colectivo hay muchas categorías que perciben salarios realmente bajos, como celadores, personal de limpieza, auxiliares administrativos, etc. Estos grupos sostienen nuestra sociedad del bienestar y, sin embargo, tienen dificultades para llegar a fin de mes y para llenar el carro de la compra.

Y, respecto a mi labor sindical, lo único que puedo decir es que en CSIF se trabaja siempre desde la profesionalidad, la honestidad, la cercanía y la transparencia. Tenemos nuestras cuentas auditadas por actores externos y somos fieles a nuestras señas de identidad.

P.– Desde CSIF-CLM se insiste en que el actual Gobierno regional mantiene a día de hoy los recortes de la época de Cospedal. ¿No están los empleados públicos de Castilla-La Mancha mejor que hace 12 años?

R.– Lo que le puedo decir es que estamos muy cansados de promesas y de anuncios políticos grandilocuentes que luego se quedan en nada. Hay que derogar ya la llamada "ley Cospedal", que desde hace tiempo se ha convertido en la "ley Cospedal-Page", porque siguen vigentes muchos de los recortes que se empezaron a instaurar en el 2012 en sectores clave como sanidad, educación y bienestar social.

También se derogó en la época de Cospedal, y Page no lo ha cambiado, el Plan de Acción Social. El empleado público tenía reconocidos una serie de derechos como formación y ayudas, por ejemplo en aquellos casos cuyos hijos tenían necesidades educativas especiales o eran usuarios de las escuelas infantiles, y todo eso se ha perdido.

P.– Una de sus denuncias recurrentes es la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2012. ¿A cuánto asciende, según los cálculos de CSIF?

R.– Esa pérdida acumulada de poder adquisitivo ya es superior al 20 %, propiciada además por acuerdo que firmaron en octubre del 2022 los sindicatos CCOO y UGT con el Gobierno central, que ya nació siendo insuficiente para corregir la inflación. Por eso, desde CSIF planteamos un acuerdo plurianual de revisión salarial con una cláusula de revisión automática, vinculada tanto al IPC como al PIB.

"El Gobierno de Castilla-La Mancha solo ha aprobado una subida salarial: la del 0,5 % en 2019"

Esto es algo que pedimos tanto a nivel nacional como regional, aunque muchas veces los acuerdos nacionales obligan a las comunidades autónomas a implementarlos. Así ha ocurrido en Castilla-La Mancha, cuyo Gobierno solo ha aprobado una subida salarial: la del 0,5 % en 2019. El resto de incrementos han sido de obligado cumplimiento por acuerdos nacionales, además del 1,5 % que se subió en 2017 y 2018, que era para recuperar el 3 % perdido con Cospedal.

P.– Otro de los lemas de CSIF es "a igual trabajo, igual salario". ¿No es una utopía pensar en la equiparación salarial dentro de la España autonómica?

R.– Pues para nosotros es algo fundamental, una de nuestras señas de identidad. Actualmente, puede haber diferencias de hasta 8 000 euros anuales entre lo que cobra un empleado público de Castilla-La Mancha y uno de otra región por hacer el mismo trabajo. Y aquí somos de los que salimos perdiendo, claro. A este respecto, exigimos que la financiación autonómica sea adecuada y equitativa para que no existan privilegios de unas comunidades sobre otras.

Estas diferencias salariales también afectan a la atracción y retención de talento, especialmente en sectores como la sanidad, donde profesionales de otras regiones llegan a Castilla-La Mancha y se encuentran con que no cobrarán el complemento de carrera profesional que percibían en sus comunidades de origen. No lo cobran los de aquí ni los que llegan de fuera, son recortes para todos. 

"En el presupuesto de 2025 ya no aparece ninguna partida para recuperar la carrera profesional sanitaria"

P.– ¿Confían en que el Gobierno de Page recupere la carrera profesional sanitaria?

R.– La realidad es que en el presupuesto de 2025 ya no aparece ninguna partida para recuperarla, por lo que entendemos que se está blindando su paralización. No entendemos cómo, con presupuestos que han crecido hasta un 55 % en los últimos años, según el propio consejero de Hacienda, esta cuestión sigue sin resolverse y se mantienen los recortes.

Además, el consejero de Sanidad vino a decir hace poco que ha preferido pagar 12.000 nuevas nóminas a pagar este complemento. Habría que preguntarle cómo lo han hecho otras comunidades que, además de recuperar la carrera profesional, también se han ampliado las plantillas. ¿Por qué aquí no se hace?

Castilla-La Mancha es la única comunidad que no tiene reconocida carrera profesional sanitaria y esto supone, insisto, un tapón para atraer y retener talento de los profesionales.

P.– Respecto al bloqueo de contrataciones en el SESCAM, que los sindicatos aseguran que se mantendrá hasta enero de 2025 y el Gobierno regional niega por activa y por pasiva, ¿está afectando a la capacidad y calidad asistencial en la sanidad de Castilla-La Mancha?

R.– Por supuesto que está afectando. No se cubren bajas, vacantes, permisos... La situación no termina de corregirse. Esas restricciones hacen que las plantillas de los centros de salud y de los hospitales estén en muchos casos desbordadas y que sigan aumentando las listas de espera.

Esta situación es un reflejo del déficit en los servicios públicos que provocan los recortes y ha provocado que CSIF se haya concentrado a las puertas de todos los hospitales de la región, que fueron muy secundadas por muchos trabajadores sanitarios.

P.– Con más de 74.000 empleados públicos atendidos en Castilla-La Mancha por Muface, ¿qué pasaría si el bloqueo actual no se resuelve y este sistema acaba cayendo? ¿Está la sanidad pública preparada para absorber esta carga?

R.– Sinceramente, consideramos que no está preparada. Somos más 74.000 mutualistas en la región, a los que hay que sumar esposas, maridos e hijos, lo que multiplica el impacto. La calidad asistencial del SESCAM ya es deficitaria, porque ya tenemos listas de espera prolongadas para consultas de especialistas, pruebas diagnósticas y atención en centros de salud, así que el sistema público sanitario puede colapsar si entra este número tan importante de personas.

Por eso hemos urgido al ministro de Función Pública que rectifique a la ministra de Sanidad, cuyo informe supone la sentencia de muerte de Muface, y que presente una nueva licitación para salvar el concierto con las aseguradoras. Desde CSIF nos oponemos frontalmente a que el Gobierno acabe unilateralmente con un sistema público-privado de asistencia sanitaria que lleva funcionando bien desde 1975.

P.– Si fuese por el Ministerio de Sanidad, representado por una ministra de Sumar, Mónica García, parece que la intención es liquidar Muface. ¿Cómo valoran su último informe?

R.– Si es un tema político, lo primero que hemos pedido al ministro de Función Pública es que rectifique ese informe de Sanidad y presente una nueva licitación, tal y como se comprometió en la última reunión del Consejo General de Muface para garantizar la asistencia sanitaria de los funcionarios en los próximos años.

"Ya se están denegando atenciones médicas o chequeos en Muface"

Ya estamos viendo que se están denegando atenciones médicas o chequeos porque el concierto con las aseguradoras está desierto. Esto no puede continuar así. Vamos a ir frontalmente contra esta medida porque está en juego la salud y tranquilidad de un millón y medio de personas en toda España, 74 000 en Castilla-La Mancha. 

P.– ¿Se plantean nuevas movilizaciones si no hay avances?

R.– Sí, estamos valorando posibles respuestas, desde grandes manifestaciones hasta paros o jornadas de huelga en la función pública. El pasado día 11 ya hicimos una movilización a nivel nacional, incluyendo Castilla-La Mancha. Además, el 14 de diciembre llevaremos a cabo una gran movilización nacional a las puertas de Muface en Madrid y el 16 de diciembre tenemos otra cita donde denunciaremos esta situación y alertaremos también sobre los problemas que sufren los servicios públicos en la región.

P.– Hay quienes ven una contradicción en el hecho de que sean precisamente los empleados públicos quienes defiendan ser atendidos por la sanidad privada. ¿Qué les responde?

R.– Que Muface beneficia a todos, porque descongestiona un sistema nacional de salud con numerosos problemas. Además, económicamente incluso es rentable para el Gobierno mantener este sistema de mutualidades. Por lo tanto, no lo entendemos como un privilegio. Si un millón y medio de personas entran de golpe al sistema público, colapsa.

P.– Sobre educación, ¿cuáles son las principales reivindicaciones de CSIF en Castilla-La Mancha?

También reclamamos que los profesores y maestros tengan 18 y 23 horas lectivas semanales, respectivamente, o que los interinos vuelvan a cobrar los meses de verano si han trabajado más de cinco meses y medio, como ocurría antes.

Y la reducción de la carga lectiva de los docentes mayores de 55 años, siempre sin pérdida retributiva.

P.– Distintos informes alertan sobre el estado emocional de los docentes, con altos índices de burnout o síndrome del trabajador quemado. ¿Qué está ocurriendo?

R.– El principal problema es la enorme carga burocrática que soportan. Muchos docentes que mantienen su vocación se jubilan anticipadamente a los 60 años, y no lo hacen porque no les apasione el trabajo con los alumnos, sino por el desgaste administrativo que acumulan. Esa tremenda carga burocrática es lo que genera malestar.

P.– La Mesa General de Negociación del personal empleado público acaba de aprobar una histórica oferta de empleo con 5.840 plazas. ¿Es suficiente?

R.– Es una buena oferta de empleo público, es cuantiosa, porque va a suponer un paso importante para seguir reduciendo la interinidad, que ha llegado a estar por encima del 37 %. Todavía queda camino por delante para que siga bajando esa cifra, pero para ello es necesario acabar con las tasas de reposición.

Hemos insistido muchas veces en que se cubra la totalidad de las vacantes que se tienen y hemos sido muy críticos, pero en esta ocasión resaltamos el esfuerzo que ha hecho el Gobierno regional. Pese a ello, no solo se trata de reforzar las plantillas, sino también de mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, con muchas categorías todavía en situaciones bastante precarias.

"Un presidente que dice ser el presidente de todos los castellanomanchegos, debería reunirse con todos los agentes sociales"

P.– ¿Cómo son las relaciones actuales de CSIF con el Gobierno de Emiliano García-Page?

R.– Todavía estamos esperando que el presidente nos reciba, para poder exponerle las reivindicaciones que ya le hemos trasladado mediante carta. Desde que soy presidente, esa reunión todavía no se ha producido, y creo que sería algo positivo porque CSIF es el sindicato mayoritario en la función pública de Castilla-La Mancha. Lo hemos solicitado varias veces, pero hasta ahora solo hemos recibido silencio.

En el resto de comunidades autónomas los presidentes regionales reciben a los representantes de CSIF, pero aquí nos estamos chocando contra un muro.

P.– ¿Sospecha qué puede estar pasando? Julio Retamosa, su antecesor en el cargo, criticó insistentemente los convenios firmados entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y los sindicatos CCOO y UGT, además de la patronal CECAM, calificándolos como un "sistema clientelar"...

R.– Sinceramente, no sé por qué no se nos recibe. Lo que sí creo es que un presidente que dice ser el presidente de todos los castellanomanchegos, debería reunirse con todos los agentes sociales, más si cabe con el sindicato mayoritario en la función pública.

Respecto a las subvenciones que reciben otros sindicatos, que superan los 43,5 millones de euros desde 2015 en conceptos de formación y otros, nosotros ni las percibimos ni queremos percibirlas. Consideramos que ese dinero estaría mejor invertido si se destinase a colectivos en exclusión social, porque uno de cada tres castellanomanchegos está en riesgo de exclusión social, y a mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos, sobre todo de los que tienen salarios más bajos, por supuesto.

En CSIF vivimos exclusivamente de las cuotas de nuestros afiliados y exclusivamente con esas cuotas generamos todo lo que necesitemos.

P.– ¿Usted cree que se puede comprar la paz social con concesiones económicas?

R.– (Piensa un momento) La paz social se consigue dialogando con todos los agentes sociales. Lo único que pedimos desde CSIF es que, como un agente social importante que somos para nuestra comunidad, como fuerza mayoritaria en la función pública, tengamos las mismas oportunidades que tienen los demás.

Desde CSIF tratamos de contribuir a esa paz social luchando por mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos en Castilla-La Mancha, al igual que luchamos también por todos los trabajadores de la empresa privada, que es un área en el que también estamos creciendo muchísimo en la empresa privada pese a que nosotros no tenemos ninguna subvención.

P.– Quizá ese sea uno de los aspectos más desconocidos de CSIF, su presencia en los centros de trabajo del sector privado. ¿Qué objetivos se marca?

R.– Estamos trabajando para ser una alternativa a los sindicatos de clase, que ya lo estamos siendo. Queremos acabar con las desigualdades y con las injusticias en las empresas privadas, y lo estamos haciendo con nuestras señas de identidad: independencia, profesionalidad y transparencia. En CSIF no nos debemos a ningún color político, y eso es muy importante.