PSOE y PP han tumbado la iniciativa que ha llevado Vox al pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha para pedir a la Junta un "protocolo con pruebas periciales exhaustivas" que determinen la edad de los menores inmigrantes no acompañados que se encuentran bajo su tutela.
La Proposición no de Ley (PNL) de Vox animaba a la adopción de un "protocolo general" para determinar la edad con el "fin de evitar el fraude" en la llegada de jóvenes migrantes. Para ello, incluía pruebas periciales como "la radiografía de la creta iliaca de la cadera".
El presidente del grupo parlamentario de Vox en las Cortes, David Moreno, ha aprovechado su presencia en la tribuna de oradores para advertir que "hay inmigrantes ilegales" que se aprovechan de las leyes españolas para "delinquir y que luego no se les pueda castigar", además de "beneficiarse de recursos y derechos".
Ante la llegada de inmigrantes indocumentados a las costas españolas, ha avisado de que este tipo de pruebas "se pueden y deber realizar", al tiempo que ha advertido que la Administración debe ser "cuidadosa, cautelosa y transparente".
Moreno ha concluido su intervención pidiendo al PP que aclare su postura en este tema después de que haya apoyado la postura de su partido en Baleares o Comunidad Valenciana, pero la haya rechazado en Ceuta o la Comunidad de Madrid.
Oposición de PP y PSOE
Desde la bancada popular, el diputado José Martín-Buro ha asegurado que para su partido "todas las pruebas que certifiquen la mayoría de edad serán bienvenidas", pero que desde su grupo no pueden apoyar una iniciativa cimentada en "una fundamentación errónea" puesto que este tipo de pruebas ya se realizan por petición del Ministerio Fiscal.
Por este motivo, Martín-Buro ha pedido a los diputados de Vox "no poner en cuestión" al Ministerio Fiscal ni "a las entidades sociales", independientemente de que "siempre existirá un margen de error" en la identificación de la edad de los jóvenes migrantes.
Por parte del PSOE, José Antonio Contreras ha recordado que la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros y su Integración Social ya faculta al Ministerio Fiscal a ordenar este tipo de pruebas en el caso de que la edad de los menores migrantes no pueda establecerse con seguridad.
En este sentido, también ha añadido que en 2014 se estableció un "protocolo marco" a seguir si se producían dudas razonables basado en "la proporcionalidad y el respecto a los derechos fundamentales".
Someter a los menores que llegan a los centros de la Junta que "ya se han hecho sus pruebas" sería "volver a victimizar" a los emigrantes, ha concluido el diputado socialista.