Los sindicatos CSIF, STAS, CCOO y UGT han registrado este viernes una petición de reunión urgente con el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, y el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, para tratar los "riesgos de privatización" de la futura Ley de Simplificación Administrativa de Castilla-La Mancha.
Ante la sede de la Delegación de la Junta en Toledo, tras el registro del texto, la sindicalista de CSIF Victoria Ortiz ha afirmado que la solicitud de reunión se produce tras haber constatado cómo el anteproyecto de ley "introduce la figura de las entidades colaboradoras de la Administración, que son entidades privadas".
"Estas entidades van a poder hacer todo el procedimiento administrativo de determinados asuntos, como puede ser una solicitud de ayuda, una certificación, una autorización de la ciudadanía, asuntos que actualmente realizan tanto Función Pública como los empleados públicos", ha explicado.
Según detalla, con esta nueva figura, cuando la Administración haga una resolución de estas peticiones del ciudadano, de informes técnicos, de documentación y de revisión normativa, "no lo va a hacer Función Pública" sino que "lo puede hacer perfectamente una entidad colaboradora".
"Esconde una privatización de potestades"
En los mismos términos se ha mostrado el coordinador del sector autonómico de CCOO, José Luis Martínez, que ha lamentado que el anteproyecto de ley "esconde tras la buena intención de agilización administrativa una privatización de potestades que están reservadas a personal funcionario y que son una garantía para el interés general de la ciudadanía".
Además, el texto regula una figura que se denomina declaración responsable, que permitirá "que procedimientos que hasta ahora precisan de la autorización expresa de la Administración se hagan mediante esa declaración, donde la persona se hace responsable de que cumple con todos los requisitos de la Administración sin mayor comprobación".
"Esto supone un riesgo muy grande para el interés general de la Junta y de los ciudadanos. Por ejemplo, si se modifica una propiedad de Bien de Interés Cultural mediante una declaración responsable después será irreversible el daño que se pueda haber causado", ha explicado.
Coste económico añadido
Por su parte, la delegada de UGT, Rosario Madrigal, ha tratado el coste económico añadido que estas decisiones pueden suponer cuando los ciudadanos recurran a esas entidades colaboradoras.
Asimismo, ha alertado de "los datos sensibles que pueden manejar entidades colaboradoras que no cuentan con trabajadores públicos de Castilla-La Mancha y que pueden hacer un uso fraudulento de los mismos".
Diálogo social
Por último, del sindicato STAS CLM, Gustavo Fabra, ha apelado al "diálogo social" del Ejecutivo regional, pese a que el anteproyecto de ley "ha salido sin diálogo social, sin contar con nadie".
"Esperamos y confiamos que realmente el Gobierno nos atienda y nos explique por qué es necesaria esta medida y qué repercusiones va a tener o tienen ellos previsto que tenga. Haremos un llamamiento a la ciudadanía, a las organizaciones sociales de Castilla-La Mancha para defender la potestad pública como garante de la igualdad y de los derechos de los ciudadanos", ha confirmado.
Manifiesto sindical
Por todo ello, los cuatro sindicatos han elaborado un manifiesto que difundirán entre las organizaciones sociales, vecinales, medioambientales y colegios profesionales de la región sin descartar la realización de "movilizaciones".
"Vamos a hacer asambleas, en los centros de trabajo de la Junta. Ya hemos declarado la alerta roja en la administración pública porque consideramos que tenemos que defender lo que es la potestad pública y de ahí, después de estas asambleas que realizaremos por toda Castilla-La Mancha, iniciaremos un ciclo de movilizaciones importante", han adelantado.
Por último, Fabra ha instado al Gobierno de Castilla-La Mancha a "ver qué precio está dispuesto a pagar por la gran privatización de los servicios públicos en Castilla-La Mancha". "Este melón no se atrevió ni a tocarlo María Dolores de Cospedal", ha sentenciado.