Los retos de CSIF Castilla-La Mancha para 2025: salvar Muface, mejorar los salarios y "el fin de los recortes"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, ha desgranado este jueves los principales desafíos que marcarán su agenda en 2025: garantizar la continuidad de Muface, lograr un nuevo acuerdo salarial y "el fin de los recortes" que, según insisten, afectan a los empleados públicos de la Administración regional desde hace más de una década.

En una nota de prensa, CSIF-CLM ha mostrado su profunda preocupación por la incertidumbre que rodea a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). Y es que la negativa de dos aseguradoras a renovar su participación en el modelo, disconformes con los precios ofrecidos por el Gobierno de España, deja en el aire la asistencia sanitaria de más de 74.000 empleados públicos castellanomanchegos.

El presidente de CSIF en la región, Lorenzo Domínguez, ha lamentado que "el Gobierno haya llevado al límite esta situación incluso obviando un informe de la AIREF sobre la viabilidad y eficiencia del modelo". Además, ha hecho un llamamiento a las aseguradoras: "Les pedimos que no abusen de su situación. La situación es extrema; se está jugando con la salud de los empleados públicos".

Lorenzo Domínguez: "Si Muface cae, el sistema sanitario de Castilla-La Mancha puede colapsar"

Otro de los ejes centrales de las demandas de CSIF-CLM es la negociación de un nuevo acuerdo salarial. Según el sindicato, el marco vigente entre 2022 y 2024 ha implicado una pérdida de poder adquisitivo del 6 % para los empleados públicos, que asciende a más del 20 % desde 2010 en Castilla-La Mancha.

Además, CSIF exige eliminar la tasa de reposición, asignar fondos para la equiparación salarial entre administraciones, regular la jubilación parcial y mejorar las condiciones de teletrabajo.

Acabar con los "recortes"

El sindicato, asimismo, denuncia que los "recortes" aplicados en Castilla-La Mancha desde la etapa de María Dolores de Cospedal siguen afectando gravemente a servicios como la sanidad, la educación y las residencias de mayores. Entre otras cuestiones, señala la paralización de la carrera profesional, el impago de la productividad variable y la falta de contrataciones suficientes para cubrir bajas o jubilaciones.

Domínguez, en esa línea, ha reclamado un mayor compromiso del Gobierno regional con los servicios públicos y ha criticado que "de manera continuada se desdeña el papel de los empleados públicos, fundamentales para reducir las desigualdades y lograr una sociedad más justa e igualitaria".

CSIF también carga contra las subvenciones otorgadas a CCOO y UGT, que desde 2014 suman más de 43,9 millones de euros, según sus cálculos. Domínguez ha instado al Ejecutivo de Emiliano García-Page a "poner fin a estas ayudas a dedo y destinarlas al refuerzo de los servicios públicos o a la protección de los colectivos más vulnerables".

Los sindicatos alertan del "riesgo de privatización" de la Ley de Simplificación de Castilla-La Mancha

Por otro lado, alerta sobre el anteproyecto de la Ley de Simplificación y Agilización Administrativa, que considera un riesgo de privatización encubierta.

Por último, de cara a 2025, CSIF subraya la necesidad de reducir la siniestralidad laboral, combatir la precariedad y afrontar los elevados índices de pobreza y exclusión social que afectan a un tercio de la población castellanomanchega.

"La defensa de los empleados públicos y de los derechos laborales será clave para construir una Castilla-La Mancha más justa", ha finalizado Lorenzo Domínguez.