El Gobierno de Emiliano García-Page ha puesto en marcha este martes un amplio proceso de simplificación y agilización administrativa que va a suponer una "revolución" burocrática y digital en la relación de los ciudadanos y las empresas con la Administración autonómica de Castilla-La Mancha.
Así lo ha explicado en rueda de prensa el vicepresidente primero de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, después de anunciar que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el denominado anteproyecto de Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa de la comunidad autónoma.
Este anteproyecto, que ahora se enviará al Consejo Consultivo y a las Cortes regionales para su tramitación, modificará ocho eleyes sectoriales con el objetivo de agilizar la tramitación de los expedientes y simplificar la burocracia en el ámbito de la Junta de Comunidades.
Revolución digital
Martínez Guijarro ha dicho en su comparecencia que el texto aprobado contiene un conjunto de medidas que supondrán "una revolución en el planteamiento administrativo de la comunidad autónoma", ya que también hace "una apuesta muy clara por la digitalización de la gestión", informa Europa Press.
El consejero ha señalado, en este sentido, que el anteproyecto tiene "una estructura muy clara" que incide "de una manera importante" en el cuerpo normativo de la comunidad, al tiempo que ha resaltado que se trata de "una revolución administrativa" porque, además de modificar ocho leyes sectoriales, "se van a someter a análisis y revisión 200 procedimientos administrativos" en el plazo de un año, a partir de la aprobación de la norma.
El anteproyecto de Ley se remitirá ahora al Consejo Consultivo y el Gobierno regional espera que en marzo el proyecto de Ley pueda estar en las Cortes para su tramitación parlamentaria, donde el vicepresidente primero ha confiado en que el texto "sea enriquecido" y cuente "con el mayor respaldo posible".
El anteproyecto, según Guijarro, ha sido "profundamente debatido" en el seno del Gobierno regional y el conjunto de la Administración y se ha sometido también a un proceso de participación ciudadana "importante".
"Ha pasado por seis órganos colegiados de asesoramiento de la comunidad autónoma y otras distintas comisiones internas de la región", ha dicho el vicepresidente primero, apuntando que ha pasado también por distintos organismos de la Administración para evaluar su impacto presupuestario, en materia de género, unidad de mercado y reto demográfico.
71 artículos y novedades
El texto cuenta con 93 disposiciones organizadas en seis títulos con 71 artículos, dos disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y diez disposiciones finales que modifican ocho leyes sectoriales. "Por lo tanto, incide de una manera importante en el cuerpo normativo de la Comunidad Autónoma para simplificar y agilizar la tramitación administrativa".
Entre las novedades que plantea esta ley, Guijarro ha destacado que el criterio del silencio administrativo pasa a ser positivo en términos generales, salvo cuando una disposición de la Unión Europea o una normativa estatal prevea lo contrario.
"Regulamos también un doble silencio, que en una primera fase puede ser negativo, pero si hay un recurso de un ciudadano afectado y resuelven los plazos del recurso, se convierte también en positivo", ha indicado, para agregar que contiene también una reducción de los plazos de resolución al ser de tres meses en términos generales, "salvo que una legislación prevea lo contrario".
A ello ha añadido que el plazo de emisión de informes internos en un procedimiento administrativo que tenga que hacer cualquier órgano de la administración regional se reduce a diez días o que se procede a la sustitución de las autorizaciones previas para ejercer una actividad o para abrir algún tipo de instalación a las declaraciones responsables por parte del interesado.
Seguridad
"Además, para seguridad del propio ciudadano, de la propia empresa y la tranquilidad también de la administración, se prevé que esas declaraciones responsables vayan incorporadas o vayan acompañadas de informes de una entidad colaboradora de la Administración", lo que el vicepresidente ha considerado la gran novedad que incorpora la ley, la de la figura de las entidades colaboradoras de la Administración.
Se trata, ha proseguido Guijarro, de un modelo de colaboración público-privada con entidades que están acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación y Certificación y por la Comunidad Autónoma para ejercer como tal. Se pueden elegir a petición del interesado, que podrá hacerlo de manera voluntaria para que su procedimiento administrativo se tramite con la colaboración de estas entidades y que puedan analizar el contenido del expediente y emitir informes.
Se han previsto así once grandes competencias en las que podrán intervenir estas entidades colaboradoras y la propia ley ya las incorpora "en siete de esas once". Además, Guijarro ha señalado que esta novedad tiene un marco "muy garantista" para el ciudadano y para la propia Administración por los requisitos y el régimen de incompatibilidades que se incorpora a las entidades y a los profesionales que prestan servicio a las entidades.
Inteligencia artificial
Por último, ha manifestado, la ley contempla "un gran apartado" como es el de la administración digital, "clave para todo el proceso de agilización en la tramitación administrativa". "Hemos llegado a la conclusión de que la gran apuesta para la agilización administrativa es la digitalización de los procedimientos y la utilización de nuevas herramientas".
Entre ellas, ha mencionado la inteligencia artificial, por lo que se regulará su incorporación en los procedimientos administrativos y su uso para la tramitación de los expedientes. "Todo ello en el marco de las directivas de la Unión Europea en esta materia y para dar plenas garantías jurídicas hacia el empleado público y hacia el propio ciudadano".
Asimismo, se incorpora en esta normativa otra herramienta como es el Espacio Ciudadano donde, a través de esta plataforma de servicios digitales, se incorporará toda la información que la Administración regional tiene sobre un ciudadano, así como todos los expedientes que se están tramitando o que se han tramitado.
Canal Empresa
Esto trae consigo otra novedad, ha afirmado Guijarro, como es la proactividad, ya que en función de los datos que la Administración tiene de un ciudadano si considera que puede ser beneficiario de una prestación o de un derecho, se le comunicará al ciudadano y, si éste activa esa comunicación, automáticamente se le concederá la prestación o tendrá reconocido el derecho a la misma.
El Espacio Ciudadano incorporará también el Canal Empresa, "que es lo mismo que estamos hablando de los ciudadanos pero para las empresas", ha apuntado, para añadir que también habrá "toda una batería de ofertas" dirigida a las empresas para la generación de la actividad económica.
Un conjunto de medidas que para el vicepresidente primero de la Junta tienen el objetivo de incrementar las cuotas de agilidad en la tramitación de los expedientes, simplificar la relación de los ciudadanos y de las empresas con la administración regional y hacer una apuesta "muy clara" por la digitalización de la gestión de la Administración regional.