![Esther Padilla, consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, este miércoles en rueda de prensa.](https://s1.elespanol.com/2025/01/29/eldigitalcastillalamancha/region/920168470_252695010_1024x576.jpg)
Esther Padilla, consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, este miércoles en rueda de prensa.
La Junta expresa su "malestar" con Sánchez por bloquear 571 millones que Castilla-La Mancha necesita "con urgencia"
El Gobierno de Page se queja de la exclusión de las entregas a cuenta a las comunidades en el pacto alcanzado con Junts y pide una solución "urgente".
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El Gobierno de Emiliano García-Page ha expresado públicamente este miércoles su "malestar interno" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez por excluir las entregas a cuenta para las comunidades autónomas en el nuevo decreto ley pactado con Junts para recuperar algunas medidas sociales que decayeron la pasada semana en el Congreso en el llamado "decreto ómnibus".
La consejera portavoz de la Junta, Esther Padilla, ha lamentado en rueda de prensa el bloqueo en el nuevo decreto de estas entregas que en total suponen 10.000 millones de euros para todas las comunidades autónomas y 571 millones en concreto para Castilla-La Mancha.
Padilla ha dicho que el Ejecutivo castellano-manchego ha solicitado al Gobierno de Sánchez que "de la forma más urgente posible" apruebe estas entregas a cuenta, que también son, a su juicio, "un escudo social" para los ciudadanos, informa Efe.
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Europa Press
Sin entregas a cuenta
El nuevo decreto de Sánchez incluye 29 medidas frente a las más de 80 iniciales, entre ellas la subida de las pensiones, las ayudas a los afectados de la dana y las ayudas al transporte, pero ha dejado fuera la actualización de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas.
La portavoz Padilla ha dicho que el Gobierno de Page se alegra de la solución alcanzada para poner en marcha "las medidas que el PP y Junts tumbaron en el Congreso con apoyo de Vox, pero ha exigido que se aprueben también las entregas para las comunidades, un dinero necesario para sufragar los servicios públicos de su competencia, como la sanidad, la educación y los servicios sociales, entre otros.
"Esto también es escudo social. No entendemos por qué se quedan fuera del decreto", ha lamentado Padilla, que ha considerado que "probablemente en Waterloo deberán estar muy contentos, porque no gestionan nada", pero ha incidido en que el Gobierno de Castilla-La Mancha no puede estar de acuerdo con que se haya dejado fuera del decreto las actuaciones de las entregas a cuenta.
Nadie contento
A su entender, tampoco estará contento el president de la Generalitat de Cataluña, el socialista Salvador Illa, ni las otras comunidades autónomas, pues ha señalado que, por ejemplo, Andalucía dejará de recibir 1.800 millones y Cataluña, unos mil.
De este modo, Padilla ha reiterado que "cuanto antes" se incluyan las actualizaciones de las entregas a cuenta, y ha emplazado al PP "que tantas firma recoge", que aproveche esta "nueva oportunidad para apoyar a las comunidades autónomas".
"Lo queremos, porque es de justicia", ha defendido la portavoz de Page, que ha afirmado que al Gobierno regional le da "igual cuál sea la fórmula", pero ha incidido en la importancia de que se haga "de la forma más urgente posible".
Apoyo del PP
En este sentido, Padilla ha apuntado que el Gobierno regional es partidario de "separar las cosas urgentes de lo importante", de forma que ha defendido la idea de que el denominado 'decreto ómnibus' se pueda tramitar en varios decretos separados para "no perjudicar" los asuntos más importantes, como a su entender son las entregas a cuenta a las comunidades autónomas.
Por otro lado, y tal como informa El Español, el Partido Popular, que ayer no adelantaba su voto al nuevo real decreto ley aprobado por el Gobierno para recuperar medidas del "escudo social", ha confirmado este miércoles que votará a favor.
Y lo hará, según han explicado, "por los pensionistas, valencianos y usuarios del transporte", aunque esa norma incluya la cesión de un palacete en París al Partido Nacionalista Vasco, una cesión a la que anteriormente se negaban los populares.