La Fiscalía Provincial de Albacete ha reclamado que se abran diligencias para ver si se desprenden responsabilidades penales para los gestores de la clínica iDental en Albacete tras su cierre.

En un comunicado, la Fiscalía ha dado a conocer que, tras una investigación, ha solicitado al Juzgado de Instrucción que "incoe diligencias para esclarecer si del sistema de funcionamiento de la clínica iDental de la capital se desprenden responsabilidades penales para sus gestores".

La Fiscalía argumenta que la decisión la ha adoptado "tras el estudio de diez casos" y que, de este análisis, "se evidencia que la clínica se garantiza el cobro de los tratamientos a través de un banco u otra financiera externa, frente a la que el paciente asume la responsabilidad del pago, que resulta indiferente a la interrupción o éxito del tratamiento".

La investigación judicial deberá comprobar si este comportamiento "constituye delito de estafa o contra los consumidores".

El Ayuntamiento se ha ofrecido a mediar

Por su parte, el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha afirmado que el Consistorio de la capital va a "reclamar" a la clínica dental iDental "como paso previo", por los perjuicios a los afectados y, de forma paralela, se van a poner "en contacto con las financieras que les han ofrecido crédito para intentar poder mediar y graduar la respuesta de cada una de ella".

Serrano, que ha mantenido una extensa reunión con parte de los afectados este mediodía en las dependencias municipales, ha admitido, en declaraciones a los medios, que el proceso "va a ser largo", porque "son muchas las casuísticas", pero ha insistido en que el Ayuntamiento "está con ellos y, en la medida de las posibilidades y sin engañar a nadie, sabiendo cuáles son las competencias, nos van a tener a su lado".

El alcalde, además, ha puesto a disposición de los afectados por el cierre de la clínica iDental "el Ayuntamiento, por si necesitan reuniones", y el servicio de la OMIC, cuyos responsables van a estar en contacto permanente.

La pretensión del Consistorio es la de "salvaguardar" los derechos e intereses económicos de los afectados y "evitar que esta situación derive en un problema de salud".

Serrano ha mencionado también que "parece ser" que el Colegio de Odontólogos está en disposición de "poder acometer la tutela de los expedientes y datos personales de los pacientes", una decisión que, ha manifestado, sería muy importante para conocer "el nivel de tratamiento que han recibido y el que se ha financiado".

El alcalde ha informado a los asistentes de que ha conversado con el Colegio de Abogados para que atiendan a los afectados por este cierre y que pongan a su disposición "sus instalaciones, el asesoramiento y el turno de oficio".

También ha asistido a la reunión la concejal de Consumo, Rosa González de la Aleja, de quien depende la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), que es el órgano, ha indicado el alcalde, que está atendiendo en primera persona a quienes sufren esta situación, ofreciendo asesoramiento e información, y trabajando de forma coordinada con el Servicio de Consumo del Gobierno regional.