Se confirma que el castellano-manchego Manuel Castells será ministro de Sánchez

El catedrático de sociología Manuel Castells (Hellín, Albacete, 1942) asumirá la nueva cartera de Universidades en el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, un Ministerio que desapareció en 1981 y desde entonces ha estado integrado en Educación o Ciencia.

Moncloa ha confirmado este jueves que Castells formará parte del Consejo de Ministros a propuesta de Unidas Podemos, en concreto de los 'comunes' catalanes de Ada Colau. Sin embargo, no ha concretado si el nuevo Ministerio tendrá, además de Universidades, alguna otra competencia. Actualmente, la educación superior está integrada en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que dirige Pedro Duque desde 2018.

Castells impulsó la creación de los comunes en los comicios de 2015, y en las pasadas elecciones municipales encabezó un manifiesto de apoyo a Colau firmado por más de 150 intelectuales. "Es un momento decisivo. Ahora hay capacidad de liderazgo, y quien la tiene es Ada Colau", aseguró entonces el profesor universitario.

Castells es uno de los principales teóricos a nivel mundial en el campo de la sociología de la comunicación y la Sociedad de la Información y ha publicado más de 20 libros. Su trilogía 'La era de la información: economía, sociedad y cultura' (1996-2003) ha sido traducida a 23 lenguas.

Además, ha trabajado como asesor de la Unesco, de la Comisión Europea, y de diferentes Gobiernos como el de Estados Unidos, Chile, México, Francia, Rusia, China, Brasil, Portugal y España, según se recoge en su currículum de la Universidad de Berkeley.

Sin Ministerio propio desde 1981

El Ministerio asignado a Castells es el primero dedicado a Universidades desde principios de los años ochenta. Entre 1979 y 1981 existió un Ministerio de Universidades e Investigación durante los gobiernos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo, aunque después volvería a integrarse en el Ministerio de Educación.

En 2008, el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero integró la investigación y la universidad en un nuevo ministerio, el de Ciencia e Innovación que asumió Cristina Garmendia, aunque la competencia de universidades regresó al Ministerio de Educación apenas un año después, con el nombramiento de Ángel Gabilondo como responsable de la cartera.

El actual Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades fue creado en junio de 2018 cuando Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno, designando al astronauta Pedro Duque, el primer español en viajar al espacio, como responsable de esta nueva cartera.

Dentro del organigrama del Ministerio, la educación superior se integraba hasta ahora en su única Secretaría de Estado, la de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, con una Secretaria General de Universidades de la que depende la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA), el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) y el Colegio de España de París.

Rechazo de los rectores

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) reiteraba esta semana su deseo de que Universidades, Ciencia e Innovación sigan formando un único ministerio para "garantizar una mejor coordinación" ante "la elaboración de cualquier normativa que afecte al sistema universitario español", como han explicado a Europa Press.

La CRUE, que integran actualmente a 76 universidades públicas y privadas españolas, ya manifestó a finales de noviembre que desgajar Universidades del actual ministerio dirigido por Pedro Duque "implicaría un retroceso estratégico", y recordó que tanto PSOE como Unidas Podemos afirmaron en sus programa electorales que mantendrían e incluso reforzarían la actual estructura ministerial para asegurar la integración de todo el sistema de conocimiento e innovación".

Los rectores subrayan que el 70% de la producción científica en España se produce en el ámbito universitario, y defienden el actual Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para "que el impulso de la actividad científica por parte de los poderes públicos sea más eficaz".