El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete ha trabajado durante las últimas semanas en el diseño de un protocolo para la reapertura de sus sedes y el retorno de la plantilla de empleados y empleadas municipales a sus puestos de trabajo, que, tal y como han apuntado en las últimas horas fuentes del Gobierno de España, se produciría previsiblemente el próximo 25 de mayo.

Un proceso que este lunes fue expuesto en la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Albacete por la concejala de Personal, María José López Ortega, y que recabó el apoyo y respaldo de los representantes de la plantilla de empleados municipales y de los grupos políticos, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Entre las medidas que trasladó López Ortega figura la adquisición de test, que se realizarán a los 1.600 trabajadores municipales en el entorno de finales del presente mes, comenzando por aquellos y aquellas que pertenecen a servicios esenciales y prosiguiendo por los que tengan un mayor contacto con el público.

El objetivo, tanto de esta medida como del protocolo diseñado por el Ayuntamiento de Albacete y que ha quedado plasmado en una guía de buenas prácticas, es "diseñar un conjunto de actuaciones y un plan de adecuación de instalaciones, para que la plantilla de trabajadores municipales y la ciudadanía a la que atenderán, estén rodeadas de las condiciones de prevención y seguridad necesarias para evitar contagios por COVID-19", tal y como argumenta María José López Ortega.

Además, la reincorporación a sus puestos de trabajo de las empleadas y empleados públicos se realizará de forma gradual y progresiva y durante un tiempo convivirán la fórmula presencial, en aquellos puestos en los que se hace indispensable la atención directa al público, con el teletrabajo, en aquellos casos en que no resulte imprescindible una atención directa.

Asimismo, también se identificará y tendrá en cuenta a los trabajadores y trabajadoras que pertenezcan a colectivos clasificados como especialmente vulnerables o sensibles por el Ministerio de Sanidad, que deberán informar de esta condición, sin especificar la causa, al Servicio de Prevención al objeto de que se valore su situación y se adopten las medidas oportunas.

Durante este proceso, permanecerán en sus domicilios, no incorporándose a trabajar. Esta medida afectaría a las personas que padezcan diabetes; patologías cardiovasculares, pulmonares o que comprometan sus sistemas de inmunodeficiencia; que sufran cáncer; mujeres embarazadas; y personal con más de 60 años de edad.

Entre las medidas adoptadas también figura la adopción de un nuevo sistema de control horario, que suplirá al que exigía al trabajador fijar su huella digital en un dispositivo compartido y en su lugar, podrá realizarse desde el terminal informático ubicado en su puesto de trabajo o desde un dispositivo móvil.

En la mencionada guía de buenas prácticas también figura, además de las medidas preceptivas de higiene y desinfección y la obligación de respetar un distanciamiento social de entre 1,5 y 2 metros, que se extremará la limpieza de los centros de trabajo, con especial atención a las zonas comunes (escaleras, pasillos, ascensores, vestuarios, servicios higiénicos); y, en lo que concierne a la ventilación de estos espacios, se reforzará la limpieza de los filtros de aire y se aumentará el nivel de ventilación de los sistemas de climatización.

En lo que respecta a la utilización de vehículos y maquinaria móvil, se seguirán las medidas recomendadas por el Ministerio de Sanidad en cuanto a su limpieza y desinfección, así como se respetará el número máximo de personas por vehículo y distribución, fijado por el Estado de Alarma y que establece un máximo de dos ocupantes por fila, provistos de mascarilla.

Además, en el acceso a los centros de trabajo, se habilitará un sentido de entrada y otro de salida, se limitará el aforo en los ascensores en función de su tamaño, priorizando su utilización por personas con movilidad reducida, y se fomentará el uso de escaleras, especialmente para el acceso a las primeras plantas.

El protocolo también establece que los puestos de trabajo administrativo o de oficina con baja probabilidad de exposición deberán mantener dos metros de distancia o disponer de barreras físicas para evitar el contacto; y en el caso de oficinas de Atención al Público, además de estas medidas preventivas se limitará el aforo y se establecerán sistemas de cita previa.

Por último, el Servicio municipal de Prevención de Riesgos Laborales determinará la protección adecuada para cada puesto de trabajo y proporcionará los equipos de protección individual a cada trabajador, en función de su puesto y tareas a desempeñar.