La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto juzgar este viernes, 3 de julio, a B.M.C., propietaria de una farmacia, por la venta de medicamentos fuera de las zonas habilitadas, beneficiándose con esta actuación del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

Según consta en el escrito de la Fiscalía, recogido por Europa Press, con ocasión de la actuación inspectora de la Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad en Albacete, se observó que la acusada y titular de la farmacia tenía almacenados 348 envases de medicamentos sin el correspondiente cupón precinto, sin caducar e inalterados en su acondicionamiento --tanto exterior como interior-- dispuestos para la venta fuera de las zonas habilitadas para medicamentos.

Asimismo, el escrito recoge que la acusada simuló haber dispensado a pacientes beneficiarios del Sistema Público de Sanidad, accediendo para ello al módulo de prescripción electrónica donde aparecen todas las recetas de los medicamentos prescritos por el facultativo a estos pacientes, haciendo uso del Código Personal de Paciente (CIP).

De esta manera procedía a validar dispensaciones de medicamentos que estaban activos o disponibles, simulando su entrega sin ser entregados a los pacientes, lo cual le permitía poder recortar el cupón precinto de los envases de dichos fármacos para incluirlos en el 'Documento de Facturación' (DF), remitido por el Colegio de Farmacéuticos del Sescam, quien confiaba en dichas dispensaciones y abonaba por tanto a la acusada por esos medicamentos la cuantía de 4.435,75 euros.

El 9 de mayo de 2016, en una nueva visita inspectora, se intervinieron en la farmacia de B.M.C. otros cuatro medicamentos sin cupón precinto y que según reflejaba en el programa informático, habían sido aparentemente dispensados con fecha anterior a ese día. Por lo que la acusada había vuelto a actuar de igual manera y el Sescam había satisfecho a la titular de la farmacia por esos medicamentos un total de 233,81 euros.

Según el Fiscal, los hechos constituyen a un delito continuado de estafa y a un delito continuado de falsedad en Documentación Oficial, por los que solicitan 5 años de prisión y 12 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros.

Asimismo, se pide que la acusada indemnice al Sescam una cuantía total de 4.669,56 euros por el dinero defraudado.