La Fiscalía de Albacete ha concluido que no hubo delito de desobediencia por parte de las administraciones públicas en la gestión del confinamiento del asentamiento de inmigrantes en Albacete en julio pero sí falló la coordinación entre la Delegación de Sanidad del Gobierno regional y el Ayuntamiento para adoptar las medidas que incluía el auto judicial de confinamiento.



Este auto obligaba a dividir a los inmigrantes en grupos de 25 para evitar contagios, algo que no se hizo hasta 14 días después.



El fiscal jefe provincial, Juan Francisco Ríos, ha comparecido en rueda de prensa este viernes en Albacete para explicar su participación en estas diligencias de investigación que finalmente se han archivado, unas diligencias penales por las que se tomó testimonio al alcalde de la capital, Vicente Casañ; la delegada provincial de Sanidad, Blanca Hernández, y el subdelegado del Gobierno, Miguel Juan Espinosa.



Ríos ha explicado cómo fue el positivo por COVID-19 en un menor de edad residente en el asentamiento de temporeros el que llevó a Sanidad a decidir el confinamiento del recinto por 14 días, un confinamiento que un juzgado contencioso ratificó el 24 de julio, “y que incluía una serie de recomendaciones que hacía Sanidad, entre ellas sectorizar, separar a los temporeros en grupos de 25”.



El fiscal jefe ha añadido que “al limitar el número de personas juntas, se limitaba la posibilidad de contagio, pero ocurre que esa sectorización no se hizo, y aparecieron otros contagiados”.



Sanidad entonces propuso extender el confinamiento 14 días más y fue entonces cuando el juzgado pidió explicaciones sobre por qué no se había hecho la sectorización y cuando el fiscal abrió las diligencias penales.



“Había 125 infectados. De separarlos, habrían sido menos”, ha dicho el fiscal jefe, que ha justificado su actuación por las consecuencias “de privación de libertad y afección de la salud” que había tenido la gestión de las administraciones.



La Fiscalía, tras analizar toda la documentación y recoger los testimonios de los representantes de Junta, Ayuntamiento y Subdelegación, ha concluido que en la falta de cumplimiento a las medidas del auto de confinamiento no hubo desobediencia.



Juan Francisco Ríos ha explicado que “el delito de desobediencia exige un mandato concreto que diga qué hay que hacer”.



En cambio, el auto judicial incluía “un mandato genérico”, que pecaba de”falta de claridad”, y además solo fue notificado en un primer momento a la Delegación de Sanidad, no a las otras administraciones.



El fiscal jefe ha añadido que junto a este mandato poco concreto “faltó coordinación”, entre Sanidad y el Ayuntamiento, entre el 24 de julio y el 5 de agosto, “con consecuencias para la libertad y la salud de las personas”.



Hubo "una discusión competencial tácita" entre ambas administraciones acerca de quién debía ocuparse de la sectorización de los temporeros, ha asegurado Ríos.



El fiscal ha insistido en que, analizado lo ocurrido, “no se puede exigir responsabilidad penal por desobediencia”, y ha destacado que la experiencia ha servido para tomar nota de los errores y actuar de otra forma en el futuro.



"Todos hemos aprendido, una cosa así no volverá a pasar", ha sentenciado.