La sección segunda de la Audiencia Provincial de Albacete juzgará el próximo viernes, 5 de febrero, a cuatro inmigrantes detenidos por desorden público y lesiones al escapar de las instalaciones donde les habían confinado tras haberse detectado un brote de covid en un asentamiento de temporeros, hechos por los que se enfrentan a una pena de tres años de cárcel.
Los hechos que se juzgan ocurrieron el 5 de agosto de 2020 y el Ministerio Fiscal pide para los cuatro acusados -F.A., D.C., A.D. y M.O.- una pena de tres años de cárcel por el delito de desorden público y una multa de 1.680 euros por los siete delitos de lesiones de los que están acusados.
Todos los delitos de lesiones se cometieron contra agentes de la Policía Nacional, como ha detallado el fiscal en su escrito de acusación.
Sí se plantea la posibilidad de que la pena sea conmutada por la expulsión del territorio nacional y que ninguno de los acusados pueda volver a España en un periodo inferior a ocho años.
El escrito detalla que, el 5 de agosto de 2020, cuando efectivos de la Policía Nacional se disponían a dar el relevo a las unidades que realizaban labores de seguridad en un asentamiento de personas confinadas, por cuarentena obligatoria como consecuencia del covid, se produjo "una avalancha hacia el exterior del Recinto Ferial IFAB de Albacete, que estaban confinadas, con la intención de salir del mismo".
Ante la situación creada, los agentes de la Policía Nacional procedieron a colocarse formando una barrera para evitar que abandonaran las instalaciones, pero "una gran cantidad de las personas que se encontraban en el lugar de los hechos procedieron a acometer a los agentes, exhibiendo algunos de ellos cuchillos y otros objetos contundentes a la vez que les lanzaban adoquines, tableros de madera, botellas llenas de agua".
Esto hizo que "los agentes tuvieran que usar sus armas reglamentarias para impedir que se dispersaran", lo que no consiguieron ya que 70 personas consiguieron sobrepasar la barrera policial y se trasladaron a un parque cercano.
"La situación que se creó fue de tal gravedad que se hizo necesario solicitar la nuevos efectivos de la Policía que reforzaran la actuación de los ya existentes, para conseguir que las personas que habían salido del recinto no se dispersaran por la ciudad, con el riesgo de difundir el virus, al que algunos habían dado positivo o con el que al menos habían estado en contacto al haber convivido con positivos", como recoge el escrito del fiscal.
El fiscal ha recordado que se tuvo que trabajar también para que todos los temporeros volvieran al interior de las instalaciones donde debían seguir el confinamiento, como finalmente así sucedió.
El escrito apunta que una de las personas con "mayor actividad" en los incidentes fue F.A., nacido en Ghana en 1984, sin antecedentes penales y en situación irregular en España, a quien dos policías identificaron como uno de los que "participó de forma violenta, lanzando adoquines contra las agentes y exhibiendo de forma amenazante una tijeras de podar".
Otro de los detenidos, A.D., nacido en Mali en 1995, está acusado por al menos dos policías de haber lanzado "botellas llenas de agua y objetos contundentes, piedras y adoquines, a los agentes, a la vez que les insultaba, llamándoles racistas y los amenazaba".
El tercer identificado, D.G., natural de Costa de Marfil, con antecedentes penales no computables en esta causa por robo, también está acusado de actuar "de forma violenta contra los agentes", lanzando piedras.
El escrito de acusación también expone que D.G., que fue trasladado al colegio Virgen de los Llanos cuando se disolvió el confinamiento en la IFAB y se separó a los temporeros por grupos en centros educativos habilitados, protagonizó otro incidente el 9 de agosto.
De ese otro incidente se explica que no fue tan grave como el anterior pero que "sí hubo insultos, amenazas y lanzamiento de las vallas del perímetro de seguridad a los agentes" y se le identificó como uno de los alborotadores aunque no se ha podido determinar si lanzó él o no las vallas.
M.O., nacido en Mali en 1996, sin antecedentes y también en situación irregular en España, está acusado de participar "activamente" en los incidentes del 5 de agosto, "subiéndose a la tapia y exaltando al resto de los presentes a actuar contra los agentes que trataban de tranquilizar la situación", y este hombre se encuentra en prisión provisional desde que ocurrieron los hechos.
El fiscal indica que llegó a exhibir un cuchillo "con el que hacía gestos amenazantes a los agentes" y que "lo arrojó contra los policías, sin que conste que llegara a impactar en ninguno de ellos".