La Guardia Civil ha detenido a 22 personas en las localidades almerienses de Vícar, Roquetas de Mar, El Ejido y Adra como presuntos miembros de una red dedicada a tramitar permisos de residencia y rentas a falsas víctimas de violencia de género, sentido en el que también se investiga a otras 23 personas todos ellos por delitos de denuncia falsa, simulación de delito y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Respecto a los autores, un número importante de ellos no residían ni tenían ninguna vinculación con la provincia de Almería, sino que procedían de Hellín (Albacete).

En el marco de la operación 'Sin flow' se ha practicado un registro en el domicilio de uno de los detenidos en Vícar, donde han intervenido abundante documentación que están analizando los investigadores, según ha indicado la Comandancia en una nota.

Las pesquisas se iniciaron en 2019 al detectarse por parte de los agentes un incremento significativo en las denuncias por violencia de género en la zona del Poniente almeriense desde el último trimestre de 2018, las cuales presentaban elementos y patrones comunes.

En concreto, los casos que levantaron sospechas tenían en común varios factores, como que la víctima era una mujer que estaba en situación irregular en España mientras que el supuesto autor del maltrato era un hombre español, con antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio y denuncias por tenencia y consumo de drogas.

Tanto el supuesto agresor como la falsa víctima manifestaban "ser novios" sin convivencia, con una relación que se había iniciado entre cuatro y seis meses atrás. Respecto a los autores, un número importante de ellos no residían ni tenían ninguna vinculación con la provincia de Almería, sino que procedían de Hellín (Albacete), mientras que gran parte de las víctimas residían en Las Norias de Daza, en El Ejido (Almería).

Asimismo, los agentes pudieron comprobar que había un "desconocimiento mutuo" entre la pareja, ya que cada uno de ellos solo conocía el nombre y el número de teléfono de la otra persona sin saber dónde vivían, a qué se dedicaban, cuál era su lugar de trabajo, quiénes eran sus familiares o sus gustos y aficiones, entre otros aspectos básicos en una relación sentimental.

Supuestas agresiones

De la misma forma, los actos que motivaban las denuncias también eran parecidos entre ellos, con una supuesta agresión en un lugar público con testigos, en horario de afluencia de personas, normalmente durante la tarde, bien en plena vía pública bien en el interior de un establecimiento de hostelería.

Para dar mayor verosimilitud a la acción, se dan lesiones de carácter leve, como pequeños hematomas o arañazos generalmente en ambos brazos. Igualmente, a la llegada de la Guardia Civil, el autor siempre reconoce la agresión de "forma expresa" y "sin dubitaciones", de modo que incluso era él quien llamaba la atención de los agentes para comunicarles que había pegado a su pareja.

La red contaba con una estructura sólida para la captación de las mujeres, de las que partía todo el montante económico con el que se sufragaban los gastos y pagos. Para ello era básica su situación irregular en España, ya que, como víctimas de la violencia de género, les permitía obtener un permiso de residencia legal por circunstancias excepcionales y acceso a ayudas económicas, toda vez que recibían un pago de 4.500 euros por parte de la red.

A los varones, todos ellos con múltiples antecedentes policiales y consumidores de sustancias estupefacientes, les pagaban entre 1.500 y 2.000 euros por prestarse a la simulación y facilitar su detención. Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con los detenidos, han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción número 6 de Almería.