Policía Nacional. Imagen de archivo
Desarticulada en Albacete una banda de explotación de temporeros del campo
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en un municipio de la provincia de Albacete, en Valdeganga, una organización, encabezada por dos familias y un gestor especializado en trámites de extranjería, que utilizaba empresas agropecuarias para explotar laboralmente a casi un centenar de temporeros del campo, la mayoría de ellos de origen marroquí.
La investigación, que ha incluido tres registros y se ha saldado con 11 personas detenidas, se inició en octubre de 2020 con la localización de varios domicilios de la provincia albacetense que se utilizaron para registrar y empadronar a un elevado número de ciudadanos.
Los agentes pudieron constatar que las víctimas eran captadas por el responsable de una gestoría especializada en trámites de extranjería que, en connivencia con dos familias asentadas en la localidad, usó un domicilio y un supermercado, propiedad de los detenidos, para inscribir y registrar de manera fraudulenta al menos a 94 ciudadanos extranjeros, con el fin de poder regularizar su situación en España.
Según informa el Cuerpo Nacional de Policía en nota de prensa, una de las familias investigadas ponía a disposición tres de sus empresas del sector agropecuario para facilitar contratos de trabajo a esos ciudadanos, otro de los requisitos para su regularización, si bien eran explotados laboralmente en fincas de la organización donde estaban controlados por dos capataces de su misma nacionalidad.
La operación, que descubrió que algunos de estos trabajadores se alojaban en las propias fincas en condiciones infrahumanas, ha concluido con el registro de dos domicilios y una granja porcina en la localidad albaceteña.
El resultado de esta operación policial se ha saldado con 11 personas detenidas, una de ellas ha ingresado en prisión, si bien a todas se les atribuye delitos de trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, pertenencia a organización criminal y falsedad documental, entre otros, al tiempo que se han intervenido 1.100 euros y abundante documentación.
