En un comunicado, el Colectivo Sin Fronteras asegura que en la actualidad hay más de 180 temporeros sin documentación ni contrato de trabajo viviendo en chabolas, naves desocupadas y tiendas de campaña en el entorno de la capital albaceteña.
Asimismo, ha indicado que alguno de ellos son personas recién llegadas y otras que acumulan una estancia de más de tres años, que viven "con un miedo profundo" y cuentan "con trabajos precarios y temporales que no quieren hablar ni denunciar, porque son con los que pueden ayudar a sus familias".
El CSF de Albacete ha denunciado que estos temporeros, que en un alto porcentaje son de origen subsahariano, no tienen acceso al agua potable, y que "acumulan basura y suciedad", puesto que "los contenedores están lejos y no son suficientes". Y también ha advertido que tienen "baños y cocinas simuladas", con el riesgo que implican para la salud y para que puedan producirse incendios.
Protocolo
El CSF ha aplaudido el reciente protocolo firmado por la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Albacete y CCOO, al igual que las 50 plazas dispuestas en el Seminario Mayor, gracias a la cesión del Obispado, pero ha señalado que solo estén dirigidas a temporeros regularizados y con contrato de trabajo.
Debido a estos requisitos, solo se han podido beneficiar de estos protocolos y plazas 11 trabajadores del campo, ya que "la realidad es bien distinta y más compleja", ha aseverado el Colectivo Sin Fronteras de Albacete.
Al respecto, ha considerado que "hablar de las condiciones de vida y trabajo, como se indica en el protocolo, supone hablar de vivienda digna y esto, por lo pronto, es algo de lo que carecen las personas temporeras, a las que se les discrimina de cualquier tipo de solución por su situación administrativa".
También ha hecho hincapié en que "los temporeros en situación irregular no buscan caridad ni gratuidad, sino un lugar donde no se permitan las condiciones que a día de hoy se viven en los asentamientos, que siguen existiendo y que no han desaparecido, como se intenta trasladar a la ciudadanía".
En este sentido, el CSF ha asegurado que lleva meses reclamando la coordinación institucional que recoge el protocolo "sin que se nos haya tenido en cuenta", ha apuntado el colectivo, que ha exigido la puesta en marcha de recursos "que den solución de habitabilidad 'real' a los temporeros que ya se encuentran en los asentamientos irregulares".