El Sindicato de la Policía Local de Castilla-La Mancha (SPL CLM) ha denunciado este lunes que se dieron "graves irregularidades" en el dispositivo de seguridad que el Ayuntamiento de Albacete organizó con motivo del paso de la Vuelta Ciclista por la ciudad el pasado 18 de agosto.
En una rueda de prensa, el presidente del sindicato, Juan Pedro Rodríguez Montoro, ha dicho que, a la espera de la sentencia tras el juicio que tuvo lugar la semana pasada después de la denuncia del SPL, confía en que se reconozca que el dispositivo "no se ajustó a la legalidad" para evitar, de esta manera, "que no vuelva a suceder".
Ha criticado que, ante la falta de policías locales para este dispositivo, en un mes con la mitad de la plantilla de vacaciones y sin que se pidiera personal para hacer horas extraordinarias voluntarias con motivo concreto de la competición ciclista, "se sustituyó a la Policía Local por voluntarios de Protección Civil y auxiliares".
También ha mostrado un video que los agentes llevaron al juicio en el que se ve a un voluntario de Protección Civil, en uno de los cruces, "haciendo funciones de regulación del tráfico, cuando es algo que no pueden hacer", ha añadido.
Tan solo 16 policías locales
"Hubo solamente 16 agentes de la Policía Local en este dispositivo, frente a 79 efectivos de Protección Civil, que vinieron incluso de otras localidades, y 55 auxiliares de servicio", ha lamentado, puesto que la última vez que La Vuelta pasó por Albacete hubo 83 agentes de la Policía Local en el dispositivo de seguridad.
Asimismo, Rodríguez Montoro ha destacado las "irregularidades" en el contrato con la empresa de seguridad que aportó los 55 auxiliares y ha adjuntado un informe de la Dirección General de Tráfico en el que se indica que no todos tenían permiso de conducir "cuando es un requisito indispensable, para tener unas nociones básicas, por el trabajo que luego se realiza".
Además, el agente ha acusado también que "el otro requisito es que sean mayores de edad y había tres menores"
Sobre este hecho ha asegurado que lo pondrán en manos de la inspección de Trabajo e incluso de la Fiscalía "por si hubiera prevaricación administrativa", porque ha aseverado que había cuatro empresas que optaban al contrato y se concedió a esta "aunque no se podía porque tenía una deuda con la Agencia Tributaria" por lo que, según Montoro, "el contrato ni se llegó a firmar y a saber qué habría pasado si un auxiliar tiene un accidente".