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Ciudad Real TRAE COLA

Nuevo y duro rifirrafe por el sobreseimiento de la querella de Aguas de Alcázar

8 junio, 2017 16:33

La teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Amparo Bremard, ha acusado al Partido Popular alcazareño de interponer la querella contra el anterior alcalde José Fernando Sánchez Bódalo, y los ex concejales, Ana Belén Tejado y Benito Montiel "para ocultar la nefasta gestión que tuvieron al frente del Ayuntamiento en los cuatro años de legislatura".

Bremard ha mostrado la satisfacción que existe en el seno del Partido Socialista tras el sobreseimiento de la causa en la querella contra el anterior alcalde, José Fernando Sánchez Bódalo, y los ex concejales, Ana Belén Tejado y Benito Montiel, "al haber quedado demostrado que no existe indicio de delito en las actuaciones que se realizaron en la empresa Aguas de Alcázar", acusando al Partido Popular, encargado de interponer la querella, de "querer desprestigiar a Bódalo y a los ex concejales tras una trama de corrupción", con el objetivo de "perseguirlos políticamente, aniquilar a los anteriores gestores y enturbiar su gestión".

Bremard ha aclarado que Aguas de Alcázar era una empresa "viable, como así se desprendía de distintas intervenciones de Ángel Puente, portavoz del Grupo Municipal Popular en la anterior legislatura en las que declaró que los trabajadores cobraban sus nóminas todos los meses y los proveedores cobraban puntualmente", además de otras en las afirmó, según la teniente de alcalde, de que "Aguas de Alcázar generaba unos beneficios anuales de 600.000 euros".

Postura del PP

De su lado, el portavoz y viceportavoz del Grupo Municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Diego Ortega y Eduardo García Villajos, respectivamente, han respondido a las declaraciones vertidas por el ex alcalde, José Fernando Sánchez Bódalo, y los ex concejales Ana Belén Tejado y Benito Montiel, indicando que "nada de montajes, nada de recuperar el buen nombre cuando entendemos que el PP no ha tenido nada que ver en ello, sino que todo es producto de una mala gestión que ha llevado a que no se haya archivado totalmente la causa", ya que dos trabajadores municipales continúan siendo investigados.

Para Ortega, "quien echó a José Fernando Sánchez Bódalo de la vida política no fue el Partido Popular, fueron los vecinos de Alcázar de San Juan quienes decidieron que no debía seguir siendo alcalde y que en 2011 la ciudad necesitaba un cambio".

Respecto a las acusaciones formuladas por Bódalo en las que manifestó que la querella se realizó "como búsqueda de una coartada para vender Aguas de Alcázar", el presidente local del PP de Alcázar ha justificado el cambio de modelo de la empresa a una gestión mixta "debido a la deuda existente, al estado de quiebra en el que se encontraba" como consecuencia de "una gestión ruinosa, bajo criterio de informes técnicos y auditorías externas".

En cuanto a la deuda existente de la empresa, Ortega ha subrayado que el propio Bódalo "reconoció en una declaración en sede judicial la situación de quiebra técnica en la que se encontraba" previendo además, en su opinión, "la venta del 100% de las acciones de Aguas de Alcázar".

"Presunta trama de corrupción"

Según su comparecencia, la querella fue interpuesta por una "presunta trama de corrupción en la adjudicación de contratos de Aguas una vez conocidos los informes periciales del expediente", por lo que el portavoz ha manifestado "la obligación del PP para poner esas actuaciones en conocimiento de la Justicia al poder ser constitutivas de delito con el fin de no ser cómplices de ello".

Ortega ha insistido en que la querella "no fue interpuesta contra técnicos municipales, sino contra los responsables políticos que son los encargados de ordenar las acciones que deben realizar", por lo que "si, posteriormente, fueron investigados fue por orden del juez", ya que para el portavoz, los técnicos no tienen responsabilidad en la toma de decisiones y son "víctimas de las decisiones políticas de los dirigentes socialistas en la gestión de Aguas de Alcázar".

Diego Ortega se ha mostrado contundente en sus declaraciones añadiendo la proposición de un "trato" con Rosa Melchor por el que ha solicitado la dimisión de la alcaldesa "como consecuencia del archivo por parte de la Fiscalía de la denuncia que interpuso el Ayuntamiento" contra el propio portavoz, de ser así, "yo dimito inmediatamente por el archivo de la querella contra Sánchez Bódalo que ahora se ha archivado", ha manifestado.

Haciendo referencia a las declaraciones vertidas por Bódalo y la ex concejal, Ana Belén Tejado, sobre el "enturbiamiento del buen nombre y la excelente gestión" realizada según su opinión en la rueda de prensa que ofrecieron el pasado lunes, Eduardo García Villajos ha indicado que "el PP nada ha tenido que ver con esto", ya que por pasadas actuaciones del ex alcalde, como su participación en la Caja de Castilla-La Mancha (CCM), este "buen nombre ya estaba empañado".

Según García Villajos, durante la ocupación del cargo por parte de Bódalo, fue director de una agencia de viajes y presidente del Comité de Inversiones en la mencionada entidad financiera. Sobre el primer cargo ha puntualizado que según noticias publicadas en 2011 en el diario El Mundo ya se había advertido que "había elevado gastos y diversos caprichos entre los consejeros de CCM en viajes y cruceros", mientras "los clientes ya estaban sufriendo los primeros coletazos de la crisis". Basándose en esta información publicada, el viceportavoz ha recordado que "Bódalo y los consejeros se gastaron 21.000 euros en viajes y cruceros".