Ayuntamientos del PP estudian pedir la nulidad de las cuentas del Consorcio de Incendios de Ciudad Real
El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Ciudad Real, Adrián Fernández, ha asegurado que el PP está estudiando pedir la posible nulidad de la cuenta general del Consorcio para el Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) ante los graves errores en su tramitación.
Fernández ha explicado en rueda de prensa que la cuenta debería haber sido rendida por el presidente antes del 15 de mayo y sometida a la Comisión Especial de Cuentas antes del 1 de junio, pero que el presidente ordenó la formación de esta cuenta general el 9 de junio con lo que hay un incumplimiento en los plazos de presentación.
Además, ha añadido que tendría que haberse sometida a la aprobación inicial de la Comisión Especial de Cuentas, que no se ha constituido, por lo que "el trámite tampoco se cumplió, omitiendo un elemento esencial como es la información a los grupos o socios del Consorcio".
Por otro lado, Fernández ha comentado que el propio Consorcio tiene una sociedad anónima, denominada Emergencia Ciudad Real de Seguridad S.A., que fue disuelta por imposición legal, pero que aún no se ha liquidado y, por ello, debe figurar en la cuenta general ya que "es patrimonio del Consorcio pero dichos saldos no figuran en la cuenta general no se sabe por qué motivo".
Adrián Fernández ha preguntado al presidente de la Diputación provincial, José Manuel Caballero, "si conoce todos estos datos que hacen que, una vez más, la Administración que preside incumpla plazos, contenido e información".
Además, se ha interrogado "si esa es la manera en la que quiere gobernar y qué ejemplo está dando a otras administraciones".
Expediente abierto
En otro orden de cosas, el portavoz popular ha recordado que hay un expediente abierto al Consorcio por permitir que un trabajador en situación de baja laboral acuda al centro de trabajo de forma continuada.
Según ha explicado, la propia inspección de trabajo ha calificado este hecho de falta muy grave y ha propuesto una sanción de 10.001 euros y, en este sentido, se ha preguntado "quién va a abonar ese dinero" y si "se han pedido las responsabilidades pertinentes".
