Izquierda Unida (IU) ha pedido la dimisión del alcalde popular de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), después de que hoy haya transcendido que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha anulado la contratación en 2013 del Servicio del Ciclo Integral del Agua a la empresa Acciona.

Según ha dado a conocer hoy el coordinador provincial de IU, Pedro Mellado, la sentencia considera esta contratación "contraria a derecho", al dictaminar que "hubo un proceso irregular, que no puede tener otro fin que el de adjudicar un contrato en función de los deseos del PP de Almodóvar".

El concejal de IU en el municipio almodovareño, José David Ponce, ha manifestado que pedirán la dimisión del alcalde, José Lozano García, en el próximo pleno municipal.

Y ha agregado que la condena puede suponer "responsabilidades legales más allá de la anulación del contrato", por lo que pondrán en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades que constata la sentencia.

Mensaje a Francisco Cañizares

Finalmente, Mellado ha instado al presidente provincial del PP, Francisco Cañizares, a que dé explicaciones de la actuación de su partido en este asunto.

"Nos huele muy mal que una empresa relacionada con personas del círculo del PP fuera la beneficiaria de una contratación irregular, por lo que deben dar explicaciones de forma inmediata", ha sentenciado Mellado.

El Ayuntamiento anuncia recurso

Por su parte, el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, en un comunicado, ha anunciado que ha planteado un recurso de casación ante el Supremo contra la sentencia del TSJCM que anula el acto administrativo por el que se realizó una nueva adjudicación para la gestión del Servicio del Ciclo Integral del Agua y que sí había recibido en 2016 el visto bueno por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Ciudad Real.

Desde el equipo de Gobierno se expresa el máximo respeto a este nuevo fallo, emitido por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso del tribunal regional, si bien señala que no es firme, al existir la posibilidad de un recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Y agrega que este procedimiento se interpone "desde el convencimiento de que el Ayuntamiento actuó en base a la legalidad vigente en el ámbito de las contrataciones en el sector público".

En la motivación a dicho recurso, el consistorio entiende que la sentencia recurrida "ha incurrido en una vulneración de los preceptos que regulan el procedimiento de adjudicación de los contratos en las Administraciones Públicas".

Entre ellos, "la petición de informes por el órgano de contratación tras la valoración efectuada por la mesa de contratación".

El Ayuntamiento aduce respecto al criterio recogido en la sentencia de no poder pedir informe valorativo con las proposiciones económicas ya conocidas por haber sido previamente abierto el sobre C abierto, que "contraviene los criterios que deben regir el procedimiento de clasificación de ofertas y adjudicación del contrato".

Además, aclara que "los informes solicitados por el pleno (órgano de contratación) no se hacen para apartarse de la propuesta de la mesa, sino para la mejor conformación de la voluntad de dicho órgano a la vista de las alegaciones formuladas por un aspirante no ganador", concluye el consistorio.