La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha hecho público este lunes el Informe de Seguimiento de Indicadores de Sequía y Escasez, por el que sitúa en situación de alerta y prealerta varias Unidades Territoriales de Sequía (UTE) de la cuenca hidrográfica del Guadiana, en la provincia de Ciudad Real.



Aunque a 1 de marzo, ha explicado el órgano confederado en un comunicado, la situación es de no existencia de sequía prolongada en la cuenca, sí se encuentran en escenario de 'alerta' varias UTE como las de la Mancha Occidental, Gigüela-Záncara, Jabalón-Azuer y Vicario.



Esta situación afecta a los municipios de Alcázar de San Juan, Manzanares, Membrilla, Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela, Villarrobledo y los municipios de las mancomunidad del Campo de Calatrava y del Campo de Montiel.



En situación de prealerta también se encuentran varias UTE como la de Gasset-Torre de Abraham y Tirteafuera.



Ante este escenario, la CHG ha recordado que se deben adoptar medidas encaminadas a racionalizar el consumo de agua.



De este modo, los municipios y mancomunidades de más de 20.000 habitantes deben redactar su plan de emergencia o, en su caso, adaptar al Plan Especial de Sequía vigente su plan de emergencia si ya lo tienen, y aplicar las medidas previstas.



Los municipios y mancomunidades con menos de 20.000 habitantes que no tienen la obligación de disponer de Plan de Emergencia deberán reducir las dotaciones del abastecimiento e industria en un 10 %, así como, en su caso, preparar la potencial puesta en marcha de las captaciones de movilización de recursos auxiliares como pozos de sequía de la UTE.



En el caso de la UTE El Vicario, el Plan Especial de Sequía prevé la reducción de las dotaciones para afrontar la campaña de riego.



También se contempla, en general, el incremento de las medidas de vigilancia de las extracciones de aguas subterráneas en las masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales por problemas cuantitativos.



Los planes de sequía, vigentes desde el año 2007, constituyen un instrumento destinado a minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de eventuales situaciones de sequía.



En noviembre de 2018 se aprobó su revisión a fin de adaptarlos al nuevo contexto e información existente en los planes hidrológicos de segundo ciclo.



Tras la revisión, el plan distingue separadamente las situaciones de sequía como fenómeno natural independiente de la utilización del agua por el ser humano, de las de escasez relacionadas con problemas temporales para atender las demandas existentes para los diferentes usos socioeconómicos del agua.



La CHG obtiene los índices de escasez a partir de datos de embalse, evolución de piezómetros e índices de precipitación.