Ecologistas en Acción y la Plataforma No a la Mina de Fontanarejo ha acusado este miércoles al Gobierno regional de "prevaricar" con su actuación en el proyecto de explotación de una mina de fosfato de Fontanarejo, en la provincia de Ciudad Real, al dificultar la participación pública y actuar negligentemente en el procedimiento.



Según han informado estas dos organizaciones en un comunicado, el pasado mes de agosto se abrió un procedimiento de información pública en relación con el plan de restauración de la mina de Fontanarejo aprovechando las fechas vacacionales, "como es costumbre en la administración medioambiental regional, con la clara intención de dificultar su consulta", han criticado.



Han precisado que dicha consulta "solo puede realizarse mediante cita previa en las propias oficinas del servicio de minas de Ciudad Real y en horario de mañana", lo que a juicio de Ecologistas y la plataforma, "supone un claro obstáculo a la participación pública y una vulneración flagrante de la transparencia y del derecho de acceso a la información ambiental".



Con este proceder, "queda claro que la nueva Consejería de Desarrollo Sostenible dimite de su papel como regulador público y se pone al servicio de los intereses privados de empresas especuladoras, ligadas al PSOE de Ciudad Real y a la universidad regional", han abundado.



La plataforma de vecinos y los ecologistas piden que se difundan todos los estudios que la empresa ha elaborado para justificar la viabilidad económica y ambiental de la mina de Fontanarejo, de manera que todo el expediente esté disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al tiempo que exigen que el plazo de exposición pública se suspenda mientras no se facilite el acceso electrónico al proyecto de restauración de la mina.



También han pedido saber, con seguridad, "los datos de empleo y de viabilidad económica del proyecto, así como datos completos y veraces de todas las sustancias contaminantes que generará la mina".



En este sentido, han apuntado que es "inexplicable" que la Declaración de Impacto Ambiental sea positiva, a pesar de que "el proyecto carece de un estudio de la composición exacta de los materiales que serán dispersados en las voladuras o que formarán parte de las escombreras, poniendo así en riesgo la salud de los vecinos de Fontanarejo".



También han querido dejar claro que es "un auténtico fraude someter ahora este proyecto de restauración a información pública, documento que es clave en el proceso de evaluación ambiental y que debe estar disponible antes de la Declaración de Impacto Ambiental.



Asimismo han alertado de que la firma del plan de restauración se atribuye a Alcudia Phosphates, S.L., empresa de tan solo un año de antigüedad con un capital social de 4.000 euros, lo que supone que es la cuarta vez que el proyecto cambia de titularidad societaria, aunque desde 2006 está en manos de una determinada familia, cuyo progenitor es profesor de la Escuela de Minas de Madrid y quién compró los derechos del plan de investigación, redactó gran parte de los estudios de la explotación minera y quien ha representado a la empresa ante la Junta de Comunidades.



Según los ecologistas y la plataforma contra la mina, esta persona es socia de un ex director general de Industria en el gobierno de José Bono, que ahora es el director facultativo del proyecto de la mina de Fontanarejo.



Por todo ello, ambos colectivos consideran que se está "ante un proyecto especulativo que favorece intereses personales a costa de degradar un pueblo y sus valores naturales".



Por último, han afirmado que los habitantes de Fontanarejo aún se encuentran esperando que los representantes del proyecto "den la cara públicamente" y expliquen sus planes económicos, de empleo y también los impactos ambientales de un proyecto "que podría acabar con su forma de vida".