La Audiencia Provincial de Ciudad Real acogerá a partir del próximo lunes el juicio con jurado que sentará en el banquillo de los acusados a I.C.M -la pareja sentimental de un conocido ferretero de Miguelturra, que murió degollado en febrero de 2019 en un olivar de Herencia- y para el que la Fiscalía pide 22 años de cárcel.
Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía consultado por Efe, los hechos tuvieron lugar sobre las 18:00 horas del 7 de febrero de 2019, cuando el acusado inició un viaje a bordo de un vehículo por la carretera CM-420, de la localidad Herencia (Ciudad Real), en compañía de la víctima, J.M.A., con quien mantenía una relación sentimental.
Durante el trayecto, el acusado inició una discusión con su acompañante, en el marco de la cual detuvo el vehículo bruscamente en un camino particular, a la altura del punto kilométrico 40,600 de la carretera CM-420, momento en el que le propinó varios golpes en la cara a J.M.A.
A continuación, el acusado salió del coche, se dirigió a la puerta del copiloto, sacó a la víctima del vehículo por la fuerza y continuó propinándole múltiples golpes en la cara y en el resto de la cabeza, quedando éste inconsciente.
Inmediatamente después, el acusado subió al vehículo y lo condujo a toda velocidad por el camino rural Paraje de la Calceta y Cañada del Pito, deteniéndose a la altura de un olivar, donde sacó del vehículo a la víctima, que seguía en estado de inconsciencia, arrastrándole hasta un olivo.
Tras colocarlo en posición horizontal, cogió una hachuela del vehículo y, con el fin de causarle la muerte, le asestó más de 15 hachazos en el cuello con gran fuerza y violencia fracturándole las vértebras cervicales, motivo por el que la víctima sufrió un shock hipovolémico que le produjo su muerte instantánea.
El acusado, que carece de permiso o licencia para conducir, conducía el vehículo, se encuentra en situación de prisión preventiva desde el día 10 de febrero de 2019.
Presunto delito de asesinato
Los hechos relatados son constitutivos de un delito de asesinato y un delito contra la seguridad vial, concurriendo en el acusado la circunstancia agravante de la responsabilidad criminal de parentesco.
También concurre la circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal de confesión, pues el acusado, tras los hechos, acudió a entregarse en un comisaría de policía.
Además del delito de asesinato, por el que la fiscalía pide 22 años de prisión, también se pide una pena de 15 meses de multa por un delito contra la seguridad vial.
Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar con la cantidad de 52.500 euros al padre de la víctima y con 20.000 euros a cada uno de sus hermanos.