La Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene previsto juzgar desde el próximo martes a A.G.R., para quien la Fiscalía solicita más de 39 años de cárcel por varios delitos de atentado contra la autoridad, intento de homicidio, de receptación y de tenencia ilícita de armas, después de que en agosto de 2016 recibiera con dos disparos con una escopeta a siete guardias civiles durante el registro de su domicilio, consiguiendo herir a cinco de ellos.
Según el escrito de acusación, recogido por Europa Press, en julio de 2016 y como consecuencia del enfrentamiento entre dos clanes gitanos asentados en la localidad de Argamasilla de Calatrava con amenazas y uso de armas se instó, por Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Puertollano apoyado por personal del Grupo ROCA de la Guardia Civil de Ciudad Real, autorización judicial para efectuar la entrada y registro del domicilio, sito en la citada localidad, donde residían los procesados con sus hijas.
El objeto de dicho registro era intervenir armas, objetos e instrumentos relacionados con los previos acometimientos para evitar nuevos enfrentamientos.
Fue el 4 de agosto cuando siete agentes de la Guardia Civil, amparados por la orden judicial, entraron en el domicilio de los procesados con escudo balístico, chalecos antibalas y cascos balísticos forzando la puertas con ariete habilitado al efecto.
Una vez que se efectúa dicha entrada y tras gritar los agentes hasta en dos ocasiones "alto, Guardia Civil", el acusado, con clara intención de vulnerar el principio de autoridad y de acabar con la vida de todos los agentes que habían accedido al domicilio, provisto de una escopeta de caza de cañones efectuó desde el fondo de la cocina dos disparos contra todos los agentes que se encontraban en el pasillo de la vivienda, alcanzando a varios de ellos, lo que hizo que cayeran al suelo y tuvieran que retroceder y refugiarse en las habitaciones que había a ambos lados del pasillo.
Los agentes tuvieron que repeler la agresión efectuando siete disparos, tras lo que el acusado pudo huir hasta refugiarse en el tejado de la vivienda colindante, donde fue detenido.
Durante la intervención de los agentes y para garantizar la seguridad del resto de moradores de la vivienda, se procedió con la mínima fuerza indispensable a desalojar a su mujer -también procesada ahora- y a sus hijas, momento que la primera arremetió de forma virulenta contra los agentes empleado violencia física y verbal.
REGISTRO DOMICILIARIO Y HERIDOS
Una vez detenido los procesados, se efectuó el registro de la vivienda hallando 7 botellas de aire comprimido para armas de aire, 140 cartuchos metálicos, un cargador de rifle y un rifle para el cual no tenía licencia.
Uno de los agentes sufrió heridas múltiples por proyectiles de pequeño tamaño en ambos miembros inferiores precisando para sanar primera asistencia facultativa consistente en cura local, tratamiento profiláctico con antibiótico y vacuna antitetánica tardando en curar 25 días impeditivos.
Un segundo agente sufrió herida por pérdida de sustancia de 5 milímetros de diámetro en tercio medio de cara anterior de pierna derecha en relación a impacto de perdigón y erosión en cara externa de codo derecho.
Otro de los heridos presentó contusión con escoriaciones en codo derecho y dos lesiones contusas puntiformes en cara anterior de brazo en relación con impacto de plomos precisando para sanar primera asistencia facultativa tardando en curar 12 días impeditivos.
El cuarto de los agentes heridos sufrió cuatro impactos puntiformes a nivel de cara interna de muslo derecho y dos impactos en cara postero-externa de tercio distal de muslo derecho precisando para sanar primera asistencia facultativa consistente en cura local, tratamiento profiláctico con antibiótico y antinflamatorios tardando en curar 11 días impeditivos.
Un quinto agente sufrió lesión por perdigón en frente y muslo izquierdo precisando para sanar primera asistencia facultativa consistente en cura local, vacuna, tratamiento profiláctico con antibiótico y antinflamatorios tardando en curar 19 días impeditivos. Los otros dos agentes del operativo no fueron alcanzados, pero presentaron distintas contusiones y esguinces.
Considera el fiscal que se cometieron en este suceso un delito de atentado, por el cual solicita 8 años y 3 meses de prisión; cuatro delitos de homicidio en grado de tentativa por un total de 28 años más; un delito de receptación de armas para el que piden 2 años de cárcel; a lo que hay que sumar uno más por la tenencia ilícita de armas. Igualmente, pide indemnizaciones para los agentes por un valor cercano a los 14.000 euros.