La alcaldesa de Puertollano reconoce que está "preocupada" por la A-43

La alcaldesa de Puertollano (Ciudad Real), Isabel Rodríguez, se ha dirigido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para expresarle su "preocupación" tras conocer las informaciones que apuntan a que la Dirección General de Carreteras ha aprobado una modificación de orden de estudio para la redacción del estudio informativo de la autovía A-43 Mérida-Ciudad Real, que deberá someterse posteriormente al trámite de evaluación de impacto ambiental.

A preguntas de los grupos municipales de Ciudadanos y PP realizadas en el pleno celebrado este jueves, la regidora ha avanzado asimismo que ha solicitado un reunión con el secretario de Estado para aclarar el punto en que se encuentra el proyecto, si bien ha insistido en que su postura en defensa del trazado sur por Puertollano y Almadén es inmutable.

La reacción de la alcaldesa puertollanense se produce después de que el Ministerio, a preguntas de los parlamentarios del PP Víctor Valentín Píriz, Alberto Casero y María Teresa Angulo, dirigidas al Gobierno de la Nación en el Congreso de los Diputados, haya informado de que la Dirección General de Carreteras ha aprobado una modificación de orden de estudio para la redacción del estudio informativo que deberá someterse posteriormente al trámite de evaluación de impacto ambiental.

Según la respuesta del Ejecutivo central, consultada por Europa Press, "el elevado valor ecológico de los territorios atravesados por las distintas alternativas estudiadas ha supuesto una gran complejidad para obtener una Declaración de Impacto Ambiental favorable, no habiéndose caducado ya que no ha conseguido obtenerse la preceptiva declaración".

La decisión del Ministerio dirigido por José Luis Ábalos se produce tras los anuncios realizados en el sentido de que el estudio informativo se redactaría desde el "consenso" entre los territorios involucrados.

El trazado sur ha sido históricamente reivindicado por las comarcas de Almadén y Puertollano, con el apoyo del PSOE y de los gobiernos socialistas en la Junta de Comunidades, mientras que el norte, que pasaría por un desdoblamiento de la carretera N-430, ha sido defendido por el PP.

Apoyo a los trabajadores de Repsol

Por otra parte, el pleno ha expresado su apoyo a los trabajadores de Repsol Petróleo afectados por el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) planteado por la compañía con una declaración institucional a la que la alcaldesa, Isabel Rodríguez, ha dado lectura al inicio de la sesión plenaria.

En la declaración, la Corporación insta a los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha a "seguir manteniendo la interlocución entre empresa y representantes de los trabajadores, en aras de una solución que haga posible la reversión del ERTE, ahora que se vislumbra el fin de las restricciones de movilidad con la vacunación masiva de la población española que irá unida a la recuperación de la actividad económica".

En este sentido, el Consistorio aboga por seguir manteniendo la interlocución con los ministerios de Trabajo, Transición Ecológica y Reto Demográfico "para la pronta resolución de la decisión coyuntural del ERTE por parte de la empresa REPSOL en la planta petroquímica" y pide a las administraciones que "impulsen prioritariamente proyectos vinculados a los fondos Next Generation para la transición justa en la comarca de Puertollano".

Al respecto, recuerda el "esfuerzo" de los trabajadores, "que al ser considerados esenciales al inicio de la crisis sanitaria, adaptaron sus jornadas laborales, incluso con horarios de 12 horas continuadas, para garantizar la actividad industrial; situación que hizo que la dirección de esta empresa les felicitase públicamente".

"Es nuestro deseo y compromiso trabajar para que Repsol reconsidere la decisión de aplicar este expediente, logrando un acuerdo entre trabajadores y empresa, para evitar el ERTE o revirtiendo sus medidas lo antes posible", prosigue, toda vez que "el anuncio de la decisión empresarial pone de relieve la importancia del mantenimiento del empleo de calidad para esta comarca, cuya dependencia económica procede de la industria del refino y que continúa en su proceso de transición hacia un modelo diversificado y renovable".

"Es deseo de este Ayuntamiento que se produzca una pronta resolución a esta situación para, una vez recuperada la normalidad tanto la empresa Repsol, como las administraciones, transitemos de forma ordenada y justa hacia ese nuevo modelo, sin olvidar que en esa transición energética ha de priorizarse el mantenimiento y mejora del empleo", concluye.

"Piel de gallina" ante un nuevo contencioso

Por otra parte, y con el apoyo unánime de todos los grupos, el pleno ha aprobado la propuesta de personación y encomienda de defensa jurídica en un tercer procedimiento contencioso-administrativo relacionado con los terrenos junto al cementerio municipal.

El debate ha venido marcado por la preocupación de los ediles, ya que otro presunto error administrativo de los funcionarios del Ayuntamiento de Puertollano ha obligado a la Junta Local de Gobierno a iniciar diligencias informativas de investigación para esclarecer por qué ha permanecido ignorado, desde hace más de un año, el requerimiento judicial dirigido al consistorio por la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) en el que se le ordena que entregue documentación y se persone, si procede, en este proceso iniciado por una empresa, relativo a la expropiación por ministerio de la Ley y justiprecio de otra parcela situada frente a los terrenos del cementerio.

El caso, que guardaría similitudes con otros dos contenciosos relacionados con este lugar --que el gobierno del exalcalde Joaquín Hermoso Murillo quería convertir en un cinturón verde--, ha puesto la "piel de gallina" al equipo de Gobierno, según ha reconocido la propia alcaldesa, Isabel Rodríguez.

Tanto es así que las dos sentencias desfavorables por los terrenos de esta zona acumulan condenas que han costado al Consistorio casi 24 millones de euros. De hecho, la portavoz del equipo de Gobierno, Ana Carmona, ha anunciado que la Junta Local de Gobierno ha aprobado el inicio de diligencias informativas de investigación para esclarecer por qué se ha tenido conocimiento hace solo unos días de un requerimiento recibido en marzo de 2020.

Tras recibir los reproches de la oposición (Ciudadanos, PP, Vox e, Íber), que apuntan a los continuos fallos del personal del Consistorio, al colapso técnico del software administrativo SIGEM y a la "responsabilidad política" que debería asumir el Gobierno local, ha intervenido la alcaldesa, quien ha expresado el "dolor" que le ha producido este asunto.

"Ha hecho que se me ponga la piel de gallina", ha reconocido la regidora ante la "trascendencia" que podría tener el caso. Así, ha respaldado el inicio de diligencias de investigación, y ha asegurado que el Consistorio "peleará el pleito con razones suficientes para hacer cambiar la doctrina del Tribunal Supremo sobre esta cuestión".

A su juicio, esta doctrina en criterios urbanísticos que ha costado casi 24 millones en sentencias adversas sobre justiprecios en expropiaciones, es "injusta" con la ciudadanía, y se basa en sistemas generales de urbanismo que se remontan al año 1987.

De hecho, Rodríguez ha avanzado que los departamentos técnicos trabajan en una modificación del planeamientos y sistemas para evitar que se repita lo sucedido. "No vamos a asumir una nueva sentencia condenatoria", ha remachado.

Pliegos para la zona azul

De otro lado, el pleno ha aprobado el expediente y los pliegos de licitación del servicio de gestión de la Zona Azul, servicio de grúa y explotación de los aparcamientos del Paseo de San Gregorio y plaza Ramón Cajal, mediante procedimiento abierto, con un valor estimado del contrato de 20.295.879 euros sin IVA, y un plazo de duración de 25 años a partir de la fecha de formalización del documento contractual.

Un pliego, ha subrayado la concejal de Patrimonio y Contratación, Ana Carmona, "que ha sido fruto de varios meses de trabajo, que se ha enriquecido con las aportaciones de los grupos municipales y que ha estado marcado por condicionantes, como la deuda de 3,4 millones de euros del aparcamiento Ramón y Cajal y la necesidad de hacer un estudio económico riguroso acorde con la viabilidad del proyecto y asegurar un buen servicio público".

Carmona ha asegurado que este pliego incluye "importantes mejoras", como la eliminación del estacionamiento del Paseo de San Gregorio en ambos lados.

Contencioso contra los ayuntamientos por el ciclo integral

Además, se ha acordado interponer recurso contencioso-administrativo contra los ayuntamientos que se niegan a pagar el Ciclo Integral del Agua (Almodóvar del Campo, Cabezarrubias del Puerto, Mestanza e Hinojosas de Calatrava) y que adoptaron una denegación "tácita" a la asistencia a la sesión del 6 de abril de la Comunidad de Usuarios del aprovechamiento de aguas del embalse del Montoro.

Carmona ha explicado que se trata de que los ayuntamientos "cumplan con los compromisos asumidos con los costes de la obra del Ciclo Integral del Agua". "A día de hoy no los asumen y además no asisten de forma reiterada a las reuniones de la Comunidad --un consorcio-- creando una situación de indefensión a este Ayuntamiento y sobre todo a los ciudadanos de Puertollano que sí están pagando de forma rigurosa la deuda contraída con Aquaes", que adelantó el importe de las obras.

No lo ve igual la oposición. Ciudadanos, PP, Vox e Íber se han mostrado partidarios del "diálogo" y la "negociación" --o incluso de una comisión de investigación, en el caso del PP-- antes que acudir a otro contencioso de "incierto coste y resultados", preservando así las relaciones de buena vecindad con estos municipios.