Se enfrenta a 9 años de cárcel por abusar de una mujer discapacitada en Ciudad Real

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará este lunes y martes, días 13 y 14 de junio, a J.M.M.N., acusado de un delito de abuso sexual con penetración por vía anal a una mujer que tenía reconocida una discapacidad del 65 por ciento, delito por el que la Fiscalía pide para él una pena de nueve años de prisión.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, el procesado, el día de los hechos, mantenía una buena relación de vecindad y familiar con la víctima al residir ambos en la misma localidad y estar emparentado el acusado con la familia política de la hermana de esta mujer.

Así, sobre las 19.30 horas del día 10 de agosto de 2019, el procesado abordó a la víctima mientras esta se encontraba recogiendo moras en las afueras de la localidad y, siendo conocedor de la clara situación de inferioridad en que se encontraba respecto de él, así como de su vulnerabilidad, que no le permitía detectar situaciones de riesgo, aprovechó para ganarse su confianza ofreciéndose a llevarla hasta un sitio en el que, según él, había muchas moras y que se encontraba muy próximo al lugar donde estaban.

Una vez allí, el procesado comenzó a ofrecer moras a la víctima, colocándoselas en las manos hasta que, en un momento dado, con ánimo de satisfacer sus impulsos libidinosos, introdujo su mano por debajo de los pantalones cortos que vestía, hasta llegar a tocar sus glúteos, a pesar de que la mujer le manifestaba reiteradamente su negativa e intentaba apartarse del acusado, consiguiendo finalmente zafarse, subir a su bicicleta y marcharse del lugar.

Petición de la Fiscalía

Por estos hechos, la Fiscalía pide una pena de nueve años de cárcel para J.M.M.N., así como la prohibición de que el procesado se aproxima a la víctima a una distancia inferior a 500 metros o se comunique con ella durante un periodo de tiempo superior en cinco años a la pena de prisión que resulte impuesta.

Asimismo, también solicita la medida de libertad vigilada por un periodo de ocho años consistente en el sometimiento a control judicial a través del cumplimiento por su parte de la obligación de participar en programas de educación sexual.