La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará este próximo martes a un abogado que se enfrenta a la pena de 2 años y 6 meses de prisión por el delito continuado de apropiación indebida y deslealtad profesional.
Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Efe, una mujer contrató los servicios profesionales del letrado, con despacho en la localidad de Tomelloso, en el proceso judicial y su defensa ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en relación a la valoración de los daños y secuelas, y tramitación de la correspondiente invalidez, en relación con el accidente de circulación (atropellamiento) que tuvo lugar el 6 de julio de 2012.
En ese acuerdo, la afectada le pagó al letrado en efectivo una cantidad en la que se fijaron sus honorarios. Con posterioridad a esa fecha, y sin que el acusado emprendiese ninguna actuación profesional en favor de los intereses que le había encomendado su clienta, este le volvió a solicitar que le abonase distintas cantidades que ella fue satisfaciendo en efectivo.
Durante todo este tiempo el acusado no realizó ninguna actuación profesional en defensa de los intereses de su clienta, ni en vía administrativa ni en vía judicial.
Transcurrido un tiempo sin que el acusado le proporcionase ninguna información relativa a su asunto, pese a ser requerido para ello en múltiples ocasiones, en noviembre de 2015 su clienta le manifestó que no quería seguir contando con sus servicios profesionales y le efectuó un requerimiento para que le aportase toda la documentación relativa a su asunto.
El acusado atendió tal requerimiento y le entregó la documentación el 7 de junio de 2016, comprometiéndose a devolverle el dinero entregado.
Falta de actuación
En dicha documentación sólo figuraba la documentación que le había aportado su clienta, sin que hubiese ningún documento que reflejase que el mismo hubiera realizado actuación profesional alguna en defensa de sus intereses.
El acusado, en este tiempo, no ha devuelto a su clienta el dinero recibido, que asciende a la suma total de 13.544 euros, reclamando la perjudicada la indemnización que le corresponda.
Con su falta de actuación profesional, sostiene la Fiscalía, el acusado impidió la víctima que esta pudiera ejercitar ante el INSS la correspondiente revisión de la valoración de los daños y secuelas, así como la tramitación de la correspondiente invalidez, derivado del accidente de circulación, al haber transcurrido los plazos legales para ello, no pudiendo reclamar el perjuicio patrimonial causado por dicho accidente que asciende a 153.100,03 euros.
Además de la pena de cárcel para el acusado, la Fiscalía pide para él, en concepto de responsabilidad civil, que indemnice a la víctima con 13.544 euros por las cantidades apropiadas, así como en la cantidad de 153.100,03 euros por el perjuicio ocasionado al no haber reclamado dicha cantidad, con los intereses de demora que le correspondan.