El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha informado que el equipo de Gobierno está estudiando una bajada de la presión fiscal al ciudadano, tras poner en vigor la tasa de basura doméstica marcada por Europa de manera obligatoria de la que estaban eximidos los vecinos hasta la fecha.
"El Ayuntamiento ya ha pedido un informe a los servicios económicos para ver que impuestos puede bajar para compensar el pago de esa tasa, como el IBI, el impuesto de vehículos o algún precio público, pero tendría que ser un impuesto que afecte a todo el mundo", ha indicado.
Según Martín, con la tasa actual existe un déficit de 500.000 euros que hay que corregir, por lo que se llevó este punto al pasado pleno, sin contar con el respaldo de la oposición.
"Yo creo que cualquier valdepeñero entenderá que también soy ciudadano. Y, ¿quiero poner un impuesto gratuitamente? Si no actualizamos ese medio millón de euros el año que viene nos multarán con otro medio millón de euros. Y lo más grave es que nos dejaría fuera de poder acceder a las subvenciones europeas", ha explicado.
Por ello, ha adelantado que volverá a llevar al pleno el punto con un informe económico de la penalización que podría suponer para las arcas municipales incumplir la medida, así como un informe jurídico sobre las posibles consecuencias.
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Por otro lado, ha reconocido que se ha detectado que algunos vecinos están recibiendo recibos duplicados trasteros, garajes o bajos, de manera independiente a la vivienda. A ellos, los ha instado a que pidan la devolución del importe en el Consistorio.
Para terminar, Martín ha lamentado que la oposición, "aliándose Unidas por Valdepeñas con la derecha, votase en contra de actualizar al IPC interanual el coste de la depuración de agua, tal y como viene reflejado en el contrato con Aguas de Castilla-La Mancha, lo que supone un incumplimiento del contrato y una denuncia".
Un hecho que el regidor ha calificado como "una insensatez e inmadurez". "El servicio cuesta a Valdepeñas 1.300.000 euros anuales y habría que aplicar el 2,3 % del IPC, lo que supondría 30.000 euros más. La oposición pretende castigar a la ciudadanía con una posible sentencia de 75.000", ha sentenciado.